La “inquiocupación” ganó protagonismo en el PP en otoño de 2024, cuando la presentó como un grave problema en su “plan de vivienda”. Hoy es moneda corriente. Feijóo rechazó la ley ómnibus con el argumento de que la norma alentaba la “inquiocupación”. Después, se reunió con la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) y anunció un “plan específico”. Luego le tocó a Ayuso. La semana pasada, recibió a Teresa, una mujer de 82 años cuyo marido murió por los “problemas de salud” que le provocaron “sus inquiocupas”, morosos que lastran, asegura la presidenta de Madrid, la oferta de alquiler. Ha pedido implicación al Defensor del Pueblo contra este fenómeno, también está en boca de la presidenta balear, Marga Prohens. Es “un problema gravísimo”, dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-almeida.Pero, ¿qué es? Mientras existe consenso en considerar que los delitos de allanamiento y usurpación se corresponden con la ocupación, nada parecido hay en el caso de la “inquiocupación”. De corresponderse con algo, sería con un incumplimiento de contrato privado. Es un híbrido que “no existe jurídicamente”, ha señalado en Actualidad Aseguradora el abogado Josep Conesa.
El único intento oficial de darle forma es el anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno andaluz, que la define así: “Estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal”. “Es una definición ridícula. La inquiocupación no es un concepto, es un discurso. Tras comprobar que la alerta contra los okupas ha logrado apartar la atención de lo disparatados precios del alquiler, Feijóo apuntó que había 80.000 pisos afectados, una cifra errónea: “No es un concepto, es un discurso”, lamenta el profesor de Geografía Ibán Díaz ahora se pone bajo sospecha a los inquilinos”, afirma Ibán Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla. “Esta definición inventa un imposible estatus intermedio para el que Andalucía no tiene competencias, porque la norma básica es la ley de arrendamientos urbanos”, explica Iñigo Maguregui, asesor legal especializado en vivienda.La Consejería de Vivienda no responde.
Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma que se reunió con Feijóo y Ayuso, admite que la “inquiocupación no existe como delito”, pero sí “está aceptada” como “fenómeno social”. Y subraya que, incluso la Fundación del Español Urgente, reconoce el neologismo. Bravo mete en la cesta de los “inquiocupas” a todos los que incurran en “impago voluntario” de la renta, un fenómeno, dice, facilitado por las normas para proteger a “vulnerables”. La falta de definición dificulta hallar datos, señalan fuentes judiciales. Una posibilidad son las sentencias estimatorias tras denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o la fianza. La serie que permite seguir la evolución es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Y qué muestra? Que el número desciende: de 14.514 en 2021 a 10.805 en 2023.
En los tres primeros trimestres de 2024 baja con respecto a 2023. Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, según el cual la “inquiocupación” ha subido “exponencialmente”, afirma que la estadística del CGPJ no sirve porque excluye los desahucios suspendidos por vulnerabilidad, o todas las situaciones en las que no hay denuncia. Coincide la abogada Elsa Manzano, cuyo despacho gestiona “desahucios exprés”, que afirma que hay un “vacío” de datos porque, para acercarse, habría que saber cuántos procedimientos parados hay por posible vulnerabilidad. Ni el CGPJ ni la Fiscalía disponen de esas estadísticas.
Denuncias
La Plataforma de Afectados por la Ocupación hace su propia estimación. A partir de las denuncias en 2023 de allanamientos y usurpaciones, 15.289 según Interior, calcula con una regla de tres que aquel año hubo más de 61.000 “inquiocupaciones”. La asociación recibió en 2023 cuatro veces más llamadas por “inquiocupaciones” (5.189) que por ocupaciones (1.294).
Su conclusión es que si en 2023 hubo 15.289 denuncias de ocupación, el número de “inquiocupaciones” será cuatro veces superior, más de 61.000. Este cálculo implica obtener un dato a partir de las denuncias de delitos, pero incluiría viviendas junto a despachos, oficinas y tiendas. ¿Y en qué datos apoya su campaña el PP? Una de las fuentes que cita es el informe que contiene la regla de tres. “No hay datos fiables sobre inquiokupación. Esta es la realidad”, explica por escrito Elisabeth Jiménez, secretaria de Lucha contra la Ocupación Ilegal del PP, que añade que la PAO es la entidad que está “más cerca” de “dimensionarla”. Feijóo dijo el 30 de enero que la “inquiocupación afecta ya a 80.000 hogares”. Es erróneo. El líder popular confundió “inquiocupaciones” con un supuesto dato total de ocupaciones, confirma su partido.
La cifra de 80.000 es la global de ocupaciones que ha usado la PAO. En octubre, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, cifró en 25.000 las “inquiocupaciones” anuales. Respecto al origen de la cifra, un portavoz del PP la atribuye primero a la PAO, pero a su portavoz no le consta. La dirigente Elisabeth Jiménez vincula después el dato con el número de demandas por impago estimadas en 2022, que ella cifra en 18.600. Pero el número es menor, 13.503. La cifra de 18.600 incluye sentencias estimadas y desestimadas y no solo por impago, también subarriendo irregular u obras no consentidas.
Solicitada otra aclaración, el mismo portavoz del PP señala que el dato de las 25.000 es una estimación realizada a partir de sentencias de 2022, sin precisar cuáles, y que de hecho está “obsoleta” porque el fenómeno subió desde 2023 por la ley de vivienda. El portavoz añade que el partido incluye en la “inquiokupación” no solo impagos sino también “el subarriendo ilegal, los narcopisos o la negativa a desalojar cuando el propietario no quiere prorrogar el alquiler”. La Junta andaluza no responde qué datos han movido a introducir la “inquiocupación” en su ley. En Madrid, donde Ayuso dice que el problema “se ha extendido”, un portavoz afirma sin más que las llamadas al “112 Ocupación” han subido.
