El ponente de la resolución sobre la ‘ley de nietos’ expresó a Feijóo su deseo de que el PP llegara al Gobierno

 

Fuente: El País...👈

En un encuentro de fiscales con el presidente popular en 2023, Narváez alertó de los pactos del PSE con formaciones que calificaba de “filoetarras”

El magistrado del Supremo Antonio Narváez, el ponente encargado de redactar la resolución sobre la ley de nietos en el alto tribunal, participó en un encuentro de fiscales con el presidente del PP en 2023 en el que le mostró su deseo de que este partido alcanzara el Gobierno y además alertó sobre pactos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) con los que denominaba “filoetarras”. Narváez, exmagistrado del Constitucional, puso en duda también los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra.

En el encuentro, los fiscales animaron al presidente popular a desmontar cuando llegase a La Moncloa leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo constataron a EL PAÍS diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido en esa cita, que se prolongó durante una hora y media.

Narváez intervino durante aquella cita —una cena— con Feijóo y alertó sobre las elecciones al Parlamento vasco, que se celebraron un año después, para asegurar que “se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos”. Los comicios resultaron en un Gobierno de coalición de PNV y PSE.

En el mismo cónclave se refirió al problema “de la cohesión territorial” y de “Cataluña fundamentalmente”, un asunto sobre el que el magistrado se había inhibido durante la tramitación en el órgano de garantías de una decena de recursos de dirigentes independentistas condenados: el primero fue Gonzalo Boyé, abogado del expresident Carles Puigdemont, y a los pocos días se sumaron todos los letrados del procés. Las defensas esgrimían que Narváez había pronunciado una conferencia en Granada en noviembre de 2017 en la que calificó el procés de “golpe de Estado encubierto” y lo comparó con el 23-F, para sostener que el primero fue más grave por sus consecuencias que el asalto del teniente coronel Antonio Tejero al Congreso de los Diputados. El debate interno en el Constitucional sobre la recusación de Narváez fue intenso, y algunos magistrados quisieron defenderle hasta el último minuto al entender que su derecho a la libertad de expresión prevalecía. Finalmente, fue el propio magistrado el que se apartó de la resolución el órgano de garantías.

Narváez es magistrado en el Supremo desde septiembre de 2025. Fue número uno de su promoción, en 1982, y entró en la carrera fiscal. En 2013, fue nombrado teniente fiscal en el alto tribunal, y ejerció como magistrado del Constitucional entre 2014 y 2023.

El Supremo ha visto en la ley de nietos, denominación popular de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, un “peligro fundado, real y serio” de afectar a la “objetividad” de las elecciones y, en consecuencia, ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por esa norma. La decisión ha sido acordada por cinco de los seis magistrados que han debatido el recurso: el citado Antonio Narváez, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Manuel Delgado-Iribarren. Ha registrado un voto particular la magistrada Alicia Millán, que se ha opuesto a la decisión adoptada y ha concluido que se han ponderado de forma “incompleta” todos los intereses en juego y que, con esta resolución, se “impide” a un enorme grupo de ciudadanos “ejercer un derecho político que les corresponde en virtud de una nacionalidad reconocida”.

Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez

Antonio Narváez, Feijóo yConsuelo Madrigal

Fuente: El País...👈

Narváez, del Supremo, deseó un Gobierno del PP y alertó sobre pactos del PSE con “filoetarras”. El líder popular les anunció una contrarreforma urgente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acometerá si gobierna una contrarreforma urgente a través de un proyecto de ley que aborde diversas materias para derogar algunas de las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder popular trasladó esta idea a medio centenar de fiscales afiliados a la mayoritaria asociación conservadora durante una cena celebrada el 18 de abril en el hotel Claridge de Madrid. ”Recuperaremos el delito de sedición, que se puede llamar de otra forma, como deslealtad constitucional, y el de referéndum ilegal”, anunció.

El encuentro permitió a fiscales con cargos relevantes en el Tribunal Supremo atacar con dureza al Gobierno, mostrar su apoyo a las ideas del líder del PP y preguntarle por las medidas que aplicaría para resolver la supuesta “falta de democracia en los procedimientos legislativos” de los últimos años o ante el problema de cohesión territorial que vive España como consecuencia, indicaron, de la “alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”. 

Uno de los fiscales que intervino, Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Constitucional hasta hace unos meses, llegó a expresar su deseo, a título personal, de que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno. Narváez puso bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra y vaticinó problemas en la aplicación de la ley trans.


EL PAÍS ha resumido la hora y media de conversación entre Feijóo y los fiscales tras consultar a diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido en esa cita.

Cristina Dexeus, decana de los fiscales de la Audiencia Provincial de Barcelona y anfitriona del encuentro como presidenta de la Asociación de Fiscales, presentó a Feijóo como un político clave para el futuro de España, presidente de un partido “que puede influir en reformas legislativas e incluso en un futuro puede tener capacidad de decisión para mejorar la Administración de justicia”. Dexeus aseguró que Feijóo tenía un “buen bagaje” por los cargos técnicos desempeñados y las cuatro mayorías absolutas logradas en Galicia. La presidenta de la Asociación de Fiscales confesó que compartía una frase de Feijóo leída en una entrevista: “Se me erizan los pelos cuando escucho el himno de España”.

Feijóo: “Agradezco a los fiscales que restablecieran el orden constitucional”. El líder del PP agradeció el trabajo de los fiscales “que estando en puestos clave y recibiendo todo tipo de presiones, restablecieron el orden constitucional que algunos políticos quebraron”. En la sala se encontraba la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que llevó la acusación junto a otros tres compañeros en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (1-O).

Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. “En España existe el imperio del decreto ley, pero hay otro problema más grave y es el de las proposiciones de ley que se presentan y que se tramitan a través de enmiendas donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley”. Madrigal, que fue la primera en intervenir durante la cena de Feijóo con los fiscales, se refería a la derogación del delito de sedición y a la reforma del delito de malversación mediante una proposición de ley que evitó los informes preceptivos del Poder Judicial o del Consejo de Estado y donde se incorporaron a última hora las enmiendas presentadas por ERC para rebajar la pena a dirigentes independentistas. La aplicación de la reforma por el Supremo no ha reducido la pena a los condenados por el 1-O al entender que esas enmiendas no son de aplicación al caso. Y señaló: “Esta perversión del procedimiento legislativo va unida a una perversión de la institución que hemos vivido en los últimos años. ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo volver a procedimientos legislativos serios, informados, democráticos? ¿Cómo devolver el normal funcionamiento a la institución si se tiene la tentación de hacer lo mismo que hicieron ellos para reequilibrar, si caemos en el mismo procedimiento? ¿Cómo sería posible una regeneración benéfica para todos?”.


Feijóo: “No podemos aguantar toda una legislatura para cambiar esos decretos leyes”. “Limitaremos el uso de decretos leyes cuando no incorporen medidas que vayan a entrar en vigor de manera inmediata. Hay determinadas leyes que hay que derogar muy rápido, de forma inmediata. No será un proyecto de ley limitado a una sola materia, sino muy amplio. No podemos aguantar toda una legislatura para cambiar un montón de decretos leyes aprobados por este Gobierno sin apenas tramitación”, explicó Feijóo. El líder del PP aseguró a los fiscales que Sánchez había aprobado en cuatro años más decretos leyes que los gobiernos de Felipe González en 14 años de mandato.

EL PAÍS preguntó al PP sobre este plan legislativo de su líder para derogar leyes del actual Gobierno mediante una norma única y urgente. “No consta nada por el estilo”, declararon fuentes próximas al equipo de Feijóo. Si el presidente del PP llega a La Moncloa, “analizará las leyes vigentes y verá cuáles tienen margen de mejora”, como la ley trans o la ley de vivienda, según esas mismas fuentes. “Una derogación no es una retirada absoluta, sino una renovación de una ley”, insisten en el equipo del líder del PP, donde, en todo caso, subrayan que no tienen por costumbre “revelar lo que Feijóo manifiesta en reuniones privadas”.


El líder del PP remarcó en esa “reunión privada” con fiscales algunos de los argumentos que repite cada día contra el Gobierno: “El populismo está dañando la política y está en el Gobierno. Sin ERC y Bildu no hay leyes. Nunca en España tuvieron un rol tan determinante los independentistas. Nunca se reformó el Código Penal en un mes, ni se derogaron delitos imprescindibles en cualquier democracia para garantizar la integridad de la nación. Nunca vi un Gobierno tan dividido. Antes había dos partidos y ahora hay tres y uno de ellos dividido en 18 partidos. Ahora son 20 partidos en el Gobierno. Nunca se han visto pronunciamientos desde un Gobierno contra el Consejo del Poder Judicial y hablando de ‘fachas con togas’ o el ‘golpe de las togas”.


Antonio Narváez, fiscal de Sala del Supremo: “Se perfila una coalición del PSE con los filoterroristas de Bildu”. Exmagistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez ejerce ahora como fiscal de Sala de lo Contencioso en el Supremo. En su intervención durante la cita con Feijóo se refirió al problema “de la cohesión territorial” y de “Cataluña fundamentalmente”, un asunto sobre el que Narváez se había inhibido durante la tramitación en el Constitucional de una decena de recursos de dirigentes independentistas condenados. La defensa de los altos cargos catalanes había recusado a Narváez por una conferencia pronunciada en Granada donde equiparó lo ocurrido en Cataluña a un golpe de Estado.

También alertó Narváez en la cena con Feijóo sobre uno de los principales problemas que tiene España en Euskadi porque, según explicó, en las próximas elecciones al Parlamento vasco “se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos”.

Feijóo: “Al problema de Cataluña y Euskadi, yo añadiría Navarra”. “Al problema territorial que plantea el fiscal Narváez yo añadiría Navarra, donde Bildu ya pactó con el PSE. Estuve en Cintruénigo con alumnos a los que preocupaba la política. Hablamos de ETA y solo a uno de ellos le sonaba Miguel Ángel Blanco y el más listo de todos ellos dijo que había dos bandos y el que más había matado había sido el de ETA y que estaba en contra de ETA. Era un colegio concertado. ETA dejó de matar en 2011. De los casi 900 asesinatos hay 300 sin clarificar con 2.500 heridos y los chavales de 16 y 17 años no lo saben. Tenemos un problema muy serio”.

Fiscal Antonio Narváez: “El Gobierno ha deteriorado las instituciones”. “Coincido plenamente con el planteamiento que ha hecho Alberto [Núñez Feijóo] sobre la modificación de la estructura del Consejo del Poder Judicial. El problema es si habrá voluntad política de hacerlo porque ya tuvimos una amarga experiencia en 2014 en que con mayoría absoluta del PP no se modificó la ley”. Tras este reproche, Narváez criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por el “deterioro de las instituciones, desde el Constitucional hasta el Tribunal de Cuentas... incluso se habla de alguna industria como Indra, que es la que controla informáticamente los procesos electorales”. Con esa afirmación, Narváez lanzaba sospechas parecidas a las acusaciones de dirigentes del PP sobre la limpieza de los próximos procesos electorales, dado que el Gobierno controlaba a través de personas de su confianza el consejo de Indra. Esta empresa se ha encargado en los últimos 30 años de distintos procesos electorales en España y siempre ha estado presidida por personas de confianza de los distintos gobiernos del PP y del PSOE.

Fiscal Narváez: “Ojalá” Feijóo llegue al Gobierno. El fiscal Narváez explicó a Feijóo que corregir esa “deriva” era bastante “complicado por la red de araña” que supuestamente estaba tejiendo el Gobierno y le pidió que explicara cuáles eran sus planes en el “caso hipotético” de que llegara a la presidencia del Gobierno: “Personalmente, digo que ojalá y ya me significo, ya no estoy en el Tribunal Constitucional y me puedo significar como ciudadano”. Narváez ejerce ahora como fiscal en el Supremo en la sala de lo Contencioso que analiza los recursos contra decisiones del Gobierno. Para concluir su intervención, el fiscal vaticinó los problemas que causaría la aplicación de la ley trans.

Feijóo: “Han ocupado el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CNI, el CIS”. El líder del PP está dispuesto a modificar las leyes para evitar la ocupación política de las instituciones, según su respuesta a Narváez. El Gobierno de Pedro Sánchez nombró a dedo, como han hecho todos los gobiernos de la democracia, a los principales responsables del CNI y del CIS, y a los magistrados del cupo del Ejecutivo en el Constitucional.
Feijóo también recordó que la autodeterminación de género se hacía antes tras dos años de tratamiento prescrito por un médico mientras ahora con la ley trans bastaba con unos minutos para manifestar una voluntad en el registro.

Feijóo: “Tenemos un SMS del Gobierno negando que fueran a reformar el delito de sedición. Nos mintieron”. Feijóo explicó a los fiscales por qué no es posible la renovación del Poder Judicial, cuyos miembros llevan ya cuatro años con el mandato caducado ante la negativa del PP a pactar la nueva composición. Los últimos líderes del PP, tanto Pablo Casado antes como Feijóo ahora, pusieron todo tipo de excusas para negarse a cumplir con el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, de manera que lleva cuatro años con una mayoría conservadora que no se corresponde con lo que marca la ley. “Cuando estábamos negociando la renovación, algunas informaciones periodísticas aseguraban que el Gobierno negociaba con ERC la reforma del delito de sedición. Preguntamos y el Gobierno lo desmintió. Tenemos un SMS donde nos decían que era una elucubración periodística. Le pregunté a Sánchez si iba a modificar el delito de sedición y me dijo que eso no tenía que ver con la renovación, que eran cosas distintas, aunque para mí tenía relación directa. Después de 20 minutos, le volví a preguntar ‘¿vais a modificar el delito de sedición si o no?’ Y la respuesta fue sí. Y con eso no podíamos aceptar la renovación. Lo que ha pasado con el Código Penal es una gran cacicada en beneficio de políticos, que son los únicos que pueden cometer los delitos de sedición y malversación. Tenemos una propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial. De los 20 vocales, tiene que haber una cuota que elijan los jueces y otra cuota las Cortes. No sé sí son 10 y 10, o 12 y 8, eso se puede negociar”.

Feijóo: “La crisis económica está larvada. Me río yo de la bajada del 9% que os hicieron hace años”. Feijóo aseguró que la crisis económica “está larvada” hasta que la Unión Europea imponga medidas de control presupuestario a los Estados. Para ilustrar la magnitud que, según Feijóo, tiene el problema económico, señaló: “Me río yo de la bajada de sueldo a los fiscales del 9% con el Gobierno de Zapatero”. Y los fiscales le corrigieron: “Fue el 11%”. El Gobierno socialista aprobó en 2010 una rebaja media de los sueldos de los funcionarios del 5%. “Tenemos una deuda del 110% del PIB y tenemos que bajar hasta el 60%. Me da miedo solo de pensarlo. Tenemos 1,5 billones de deuda. Hay una crisis económica enorme. Estamos en la última fiesta, pero Europa no va a poner reglas fiscales hasta 2024 y van a dar cinco años para los ajustes”.

Funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo

 

En España, el poder legislativo principal recae en las Cortes Generales, pero el poder ejecutivo (el Gobierno) puede aprobar normas con rango de ley en supuestos específicos previstos por la Constitución Española. La Constitución permite al Ejecutivo dictar normas con rango de ley a través de dos mecanismos extraordinarios o delegados, debido a razones de eficacia, agilidad o necesidad.

 El Gobierno puede aprobar un decreto-ley (Artículo 86) directamente sin pasar por el Parlamento en casos de "extraordinaria y urgente necesidad". No obstante, este poder es provisional: el Congreso de los Diputados debe debatir y votar su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días.

Decreto legislativo (Artículo 82): el Gobierno elabora una norma con rango de ley porque las Cortes Generales lo han autorizado expresamente mediante una ley de delegación (para formar textos articulados o refundidos), fijando límites y plazos precisos.

Además de lo anterior, conviene distinguir otros dos aspectos:

• Proyectos de ley: El Gobierno tiene la potestad de proponer leyes al Parlamento (lo que se conoce como iniciativa legislativa), pero la aprobación definitiva corresponde siempre a las Cortes Generales. 
• Potestad reglamentaria: el Ejecutivo aprueba reales decretos y órdenes ministeriales, los cuales están por debajo de las leyes y sirven únicamente para desarrollar y ejecutar lo que estas mandan, respetando siempre el principio de jerarquía normativa.

En este vídeo explican de manera muy didáctica, sencilla y rápida, como se crean las leyes en España según ordena la Constitución. El que no quiere aprender hoy es porque le gusta mantenerse en la inopia.

¿Cuánto tiempo duran los fiscales generales y por qué se marchan?

 

Todd Blanche, exabogado de Trump, nuevo fiscal general del Estado

El Fiscal General de los Estados Unidos ocupa uno de los cargos más poderosos y precarios del gobierno federal.

Como principal responsable de la aplicación de la ley del país y jefe del Departamento de Justicia, el Fiscal General supervisa los procesos federales, proporciona asesoramiento legal al Presidente y representa a Estados Unidos en asuntos legales ante el Tribunal Supremo.

Nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado, el Fiscal General actúa completamente a voluntad del Presidente. Este arreglo crea una tensión constante y subyacente entre la lealtad política a la administración y el deber de defender imparcialmente el estado de derecho.

Este conflicto fundamental ha definido los mandatos—y las salidas—de los hombres y mujeres que han ocupado el cargo. Sus estancias han oscilado entre más de una década y apenas unos meses, con salidas motivadas por todo, desde el final tranquilo de un mandato presidencial hasta escándalos explosivos y posturas de principios que han alterado el curso de la historia estadounidense.

Un trabajo sin reloj: Entendiendo el mandato del Fiscal General

Para entender por qué los Fiscales Generales abandonan sus cargos, es fundamental comprender primero la estructura única de su mandato. A diferencia de la mayoría de los homólogos a nivel estatal, el Fiscal General de EE. UU. opera sin la seguridad de un mandato fijo, una realidad que moldea la dinámica política del cargo.

Sirviendo a voluntad del presidente

El papel del Fiscal General de los Estados Unidos fue establecido por la Ley Judicial de 1789. La ley dicta que el fiscal general es nombrado por el Presidente, con el "consejo y consentimiento del Senado", pero no especifica la duración del mandato. Esto significa que el Presidente puede destituir al fiscal general en cualquier momento, por casi cualquier motivo.

Este estatus de "a placer" tiene su raíz en la historia de la oficina. Inicialmente, el Fiscal General era un puesto a tiempo parcial, de una sola persona, y los primeros ocupantes solían mantener despachos privados y carecían incluso de una oficina o personal dedicado. La función principal consistía en asesorar al Presidente y defender casos ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la creación del Departamento de Justicia en 1870 transformó por completo el papel. El fiscal general se convirtió en el jefe de un vasto departamento federal, que hoy cuenta con más de 115.000 empleados y un presupuesto de decenas de miles de millones.

Esta evolución elevó drásticamente la importancia del mandato del fiscal general. Antes de 1870, despedir a un fiscal general era como despedir a un asesor legal. Hoy significa decapitar a un importante departamento ejecutivo responsable de la seguridad nacional, los derechos civiles y la justicia penal.

Este inmenso poder institucional, combinado con la ausencia de un término fijo, crea una dinámica de poder delicada y a menudo tensa. El fiscal general es un miembro clave del gabinete del presidente, se espera que impulse la agenda de la administración, pero también está juramentado para actuar como el principal responsable independiente de la aplicación de la ley del país. Este conflicto inherente es la fuente de muchas de las salidas más dramáticas del cargo.

Por números: las estancias más largas y cortas

La ausencia de un plazo fijo ha dado lugar a un amplio espectro de duraciones de servicio a lo largo de la historia de Estados Unidos.

El fiscal general con más años de servicio fue William Wirt, quien ocupó el cargo durante 11 años y 111 días (4.126 días) desde 1817 hasta 1829, sirviendo tanto bajo el presidente James Monroe como bajo el presidente John Quincy Adams. Su excepcionalmente largo mandato es reconocido por transformar el cargo de un cargo menor en uno de gran influencia.

La que más tiempo sirvió en la Era Moderna fue Janet Reno, quien ocupó los ocho años completos de presidencia de Bill Clinton (1993-2001), lo que la convierte en una de las fiscales generales con más años en el cargo en la historia. Eric Holder sirvió casi seis años bajo el presidente Barack Obama, convirtiéndose en el cuarto fiscal general con más años en el cargo.

El Fiscal General con menos cargo fue Edwin Stanton, que sirvió solo 75 días al final del mandato del presidente James Buchanan en 1860-1861. El mandato de Elliot Richardson, de solo 150 días en 1973, también es notable, no por su duración, sino por la naturaleza de principios y dramatismo de su dimisión durante el escándalo de Watergate.

Un análisis de los mandatos recientes muestra que, aunque es habitual cumplir un mandato presidencial completo de cuatro años, no está en absoluto garantizado. La administración Trump, por ejemplo, experimentó una rotación significativa, con Jeff Sessions sirviendo menos de dos años y William Barr dimitiendo antes de que terminara el mandato.

El contraste a nivel estatal: elecciones y mandatos fijos

El modelo federal contrasta fuertemente con la forma en que la mayoría de los estados estructuran la oficina de su jefe jurídico. En 43 estados, el Fiscal General es elegido por el pueblo y ejerce un mandato fijo de cuatro años.

En estados como California y Georgia, el fiscal general es elegido para un mandato de cuatro años. Algunos estados con fiscales generales elegidos, como California, imponen un límite de dos mandatos. Otros, como Misuri y Carolina del Norte, no tienen límites de mandato. Una pequeña minoría de estados, como Hawái, tiene un fiscal general designado, pero aun así, la estructura varía, ya que el gobernador los nombra por un mandato indefinido.

Esta diferencia estructural tiene profundas implicaciones. Un fiscal general estatal electo con un mandato fijo tiene un mandato de los votantes y un grado de independencia política respecto al gobernador del estado que el Fiscal General de EE. UU. simplemente no tiene del Presidente.

Esto permite a los fiscales generales estatales impugnar con mayor libertad las políticas de un gobernador, incluso de su propio partido, una dinámica mucho más arriesgada y menos común a nivel federal.

La salida estándar: transiciones rutinarias y nuevas oportunidades

Mientras que los despidos mediáticos y las dimisiones provocadas por escándalos acaparan titulares, la gran mayoría de los fiscales generales abandonan el cargo por razones más convencionales. Estas salidas estándar representan el rotación normal de una administración presidencial y las trayectorias profesionales de altos funcionarios públicos.

El fin de una administración

La razón más común y menos dramática para la salida de un Fiscal General es la conclusión de un mandato presidencial. Como miembro del gabinete nombrado por el presidente, el mandato del AG está fundamentalmente ligado al del Presidente que lo nombró.

Cuando un presidente deja el cargo, ya sea tras un mandato, dos mandatos o debido a una derrota electoral, también se marchan los miembros de su gabinete.

Hay muchos ejemplos modernos. Janet Reno fue fiscal general durante los ocho años en el cargo de Bill Clinton, dejando el cargo el día de la investidura en 2001. Loretta Lynch cumplió los últimos años de la administración Obama, dejando el cargo en enero de 2017.

El mandato de Michael Mukasey fue diseñado para ser breve; fue confirmado en noviembre de 2007 para dirigir al DOJ durante los últimos 15 meses de la administración de George W. Bush. Más recientemente, la salida de Merrick Garland fue una transición estándar al final de la administración, a pesar de las intensas controversias políticas que definieron su mandato.

Regreso a la vida privada

Muchos fiscales generales renuncian voluntariamente antes de que termine el mandato presidencial para volver a la vida privada, a menudo en puestos lucrativos en grandes despachos de abogados. Estas salidas suelen estar motivadas por consideraciones personales, económicas o de salud.

Griffin Bell, que había servido bajo el presidente Jimmy Carter, dimitió en 1979 tras dos años y medio, alegando que fue su propia petición regresar a su destacado bufete de abogados de Atlanta, King & Spalding. En una anécdota reveladora, Bell explicó que se marchó casi antes de cumplir 15 años como juez federal porque sabía que si su pensión se consolidaba, no podría dimitir con buena conciencia, lo que demuestra su integridad personal.

Sin embargo, la narrativa del "volver a la vida privada" puede ser a veces una salida conveniente y digna para un fiscal general que está agotado por las enormes presiones del trabajo o que se marcha bajo una nube de controversia.

Herbert Brownell Jr. dimitió en 1957 bajo el presidente Eisenhower, alegando su deseo de volver a ejercer la abogacía. Sin embargo, su marcha se produjo inmediatamente después de haber asesorado y orquestado la muy polémica intervención federal en la crisis de desegregación escolar de Little Rock.

Un observador contemporáneo señaló que el estancamiento político "pudo haber contribuido sustancialmente a su decisión de retirarse."

De manera similar, John Ashcroft dimitió tras el primer mandato de George W. Bush, escribiendo en su carta de dimisión que "las demandas de la justicia son tanto gratificantes como agotadoras." Aunque esto fue cierto, esto seguía a un término definido por el enorme estrés y la crítica pública que rodeaban la implementación de la Ley Patriota y otras políticas antiterroristas posteriores al 11-S.

En estos casos, la razón oficial puede ser genuina, pero no toda la historia.

Paso a un nuevo rol público

Para muchos, la oficina de Fiscal General no es el capítulo final de su servicio público, sino un trampolín hacia otros nombramientos prestigiosos. El puesto puede servir como un "campo de pruebas" que demuestra la idoneidad de una persona para otros cargos de alto nivel en el gobierno.

Históricamente, el siguiente paso más prestigioso ha sido un nombramiento para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nueve exfiscales generales se han convertido en jueces del Tribunal Supremo, incluyendo figuras influyentes como Roger B. Taney, Harlan Fiske Stone y Robert H. Jackson. Este camino pone de manifiesto el papel del fiscal general como una de las mentes jurídicas más destacadas del país.

Otros fiscales generales han pasado a diferentes cargos en el gabinete o embajadas. Elliot Richardson, tras su dramático mandato de 150 días como Fiscal General, fue posteriormente nombrado embajador en el Reino Unido y luego secretario de Comercio bajo el presidente Gerald Ford.

William B. Saxbe, que sucedió a Richardson, se convirtió en embajador de Estados Unidos en la India tras dejar el Departamento de Justicia. Nicholas Katzenbach dejó el cargo de fiscal general bajo Lyndon B. Johnson para convertirse en subsecretario de Estado en la misma administración.

Este patrón refuerza la percepción del cargo como la cima de una carrera distinguida, un marcado contraste con aquellos cuyos mandatos terminan en escándalo.

Un choque de voluntades: desviaciones de política y principios

Las desviaciones históricamente más significativas ocurren cuando el deber de un Fiscal General hacia la ley choca con la voluntad política del Presidente. Estos momentos de crisis revelan la tensión fundamental en el corazón de la oficina y a menudo tienen consecuencias duraderas para la nación.

Estudio de caso: La masacre del sábado por la noche (Elliot Richardson, 1973)

El ejemplo por excelencia de una dimisión con principios es el de Elliot Richardson durante el escándalo Watergate. Nombrado por el presidente Richard Nixon, Richardson aseguró al Senado durante sus audiencias de confirmación que concedería plena independencia al Fiscal Especial de Watergate.

Cuando ese fiscal, Archibald Cox, emitió una citación para las grabaciones secretas de Nixon en el Despacho Oval, el presidente se negó a cumplir.

La noche del sábado 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó a Richardson que despidiera a Cox. Ante una orden directa que le obligaría a romper su voto público ante el Congreso y socavar el estado de derecho, Richardson se negó y dimitió en señal de protesta.

Nixon entonces ordenó al fiscal general adjunto William Ruckelshaus que despidiera a Cox; él también se negó y dimitió. La orden fue finalmente ejecutada por el tercer al mando, el Procurador General Robert Bork.

La "Masacre del sábado por la noche" desató una tormenta política. El público se indignó por lo que se consideró un abuso flagrante de poder, y el Congreso inició en serio los procedimientos de destitución.

La salida de Richardson se convirtió en el referente moderno para un fiscal general que elige la fidelidad a la ley por encima de la lealtad al Presidente.

Estudio de caso: El aliado despedido (Jeff Sessions, 2018)

La salida de Jeff Sessions bajo el presidente Donald Trump ilustró una nueva dinámica en la relación entre el fiscal general y el presidente. Sessions fue uno de los primeros y más fervientes seguidores políticos de Trump.

Sin embargo, poco después de su confirmación como Fiscal General, se abstuvo de cualquier investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, citando su propio papel en la campaña de Trump como un conflicto de intereses.

Esta adhesión a la ética estándar del Departamento de Justicia enfureció al presidente Trump, que consideraba que la recusación de Sessions fue un acto de deslealtad que permitió el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller. Durante más de un año, Trump atacó pública y en privado a su propio fiscal general, llamándole "débil" y "vergonzoso".

Al día siguiente de las elecciones de mitad de mandato de 2018, Trump obligó a Sessions a marcharse. Su carta de dimisión comenzaba de forma contundente: "A su petición, presento mi dimisión".

El despido de Sessions no fue por una orden específica de infringir la ley, como en el caso de Richardson, sino como castigo por seguir el procedimiento ético establecido. Demostró una expectativa presidencial de que la lealtad personal debía prevalecer incluso sobre las normas departamentales más básicas.

Estudio de caso: El punto de quiebre (William Barr, 2020)

El segundo mandato de William Barr como fiscal general, también bajo el presidente Trump, terminó por un tipo de enfrentamiento diferente. Barr era ampliamente visto como un firme defensor del poder presidencial y había sido criticado por sus opositores por acciones consideradas una protección de Trump y sus aliados.

El conflicto llegó a su punto álgido tras las elecciones presidenciales de 2020. Mientras el presidente Trump y sus aliados promovían afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado, Barr autorizó al Departamento de Justicia a investigar.

El 1 de diciembre de 2020, Barr declaró públicamente que el Departamento de Justicia "no había visto fraude a una escala que pudiera haber provocado un resultado diferente en las elecciones".

Esta contradicción directa con la narrativa política central del presidente fue el punto de inflexión. Según se informa, Trump estaba furioso y, el 14 de diciembre, anunció la dimisión de Barr.

La salida demostró que incluso un fiscal general lealista podría ser expulsado por negarse a prestar credibilidad al DOJ a una narrativa sin respaldo de hechos.

Estos tres estudios de caso revelan una evolución preocupante en la naturaleza de estos conflictos. El enfrentamiento de Richardson fue sobre la mecánica de la justicia: una citación legal. El caso de Sessions trataba sobre la ética de la justicia—una recusación. La de Barr fue sobre la realidad que sustenta la justicia—un hallazgo fáctico.

Cada conflicto sucesivo fue más fundamental que el anterior, lo que sugiere una expectativa presidencial creciente de que el papel del fiscal general no es simplemente ser un miembro leal del gabinete, sino un defensor político de las narrativas personales y políticas del presidente. Esta tendencia sitúa a los futuros fiscales generales en una posición cada vez más insostenible.

La caída definitiva: Cuando el escándalo llega a la cima

Las desviaciones más dañinas son aquellas derivadas por escándalos personales, donde el Fiscal General está implicado en corrupción o actividad criminal. Estos acontecimientos no solo acaban con carreras, sino que también infligen un daño profundo y duradero a la credibilidad del propio Departamento de Justicia.

Estudio de caso: John Mitchell y el escándalo de Watergate (1972)

La caída de John Mitchell es la más infame en la historia del cargo. Amigo cercano y director de campaña de Richard Nixon, Mitchell dimitió como Fiscal General en marzo de 1972 para encabezar el Comité para la Reelección del Presidente (CREEP).

Solo unos meses después, operativos vinculados a CREEP fueron arrestados por irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate.

Investigaciones posteriores revelaron que Mitchell había estado presente en reuniones donde se planeaba el esquema ilegal de escuchas telefónicas y había aprobado financiación para la operación. En 1975, fue condenado por conspiración, obstrucción a la justicia y perjurio por su papel en el caso Watergate y su posterior encubrimiento.

Fue condenado a prisión y cumplió 19 meses, convirtiéndose en el único fiscal general de Estados Unidos en ser encarcelado por delitos relacionados con su tiempo en el cargo. El caso de Mitchell representa la traición definitiva al cargo: el principal responsable de la aplicación de la ley del país participando en una conspiración criminal.

Estudio de caso: Harry Daugherty y el escándalo de la cúpula de la tetera (1924)

El mandato de Harry Daugherty como fiscal general bajo el presidente Warren G. Harding estuvo marcado por la corrupción generalizada de esa administración. Aunque el escándalo más famoso fue Teapot Dome, que implicaba sobornos pagados al Secretario del Interior para concesiones petroleras, el propio Daugherty fue acusado de dirigir un sistema de corrupción desde dentro del Departamento de Justicia.

Cuando un comité del Congreso que investigaba los escándalos exigió acceso a los archivos del DOJ, Daugherty se negó a cooperar. El presidente Calvin Coolidge, que asumió el cargo tras la muerte de Harding, exigió la dimisión de Daugherty en marzo de 1924.

Aunque Daugherty fue juzgado dos veces más tarde por defraudar al gobierno, ambos juicios terminaron con jurados sin juicio y nunca fue condenado. No obstante, su despido es un claro ejemplo de la destitución de un fiscal general debido a acusaciones creíbles y generalizadas de corrupción.

Estudio de caso: Alberto Gonzales y el Departamento Politizado (2007)

Un ejemplo más reciente de un fiscal general que se marchó bajo una nube de escándalo es Alberto Gonzales. Abogado y amigo de larga data del presidente George W. Bush, el mandato de Gonzales fue controvertido desde el principio, en gran parte debido a su autoría de memorandos legales que justificaban duras técnicas de interrogatorio que los críticos calificaban de tortura.

El escándalo que finalmente llevó a su dimisión fue el despido en 2006 de nueve fiscales federales. Investigadores y críticos del Congreso alegaron que los despidos tenían motivaciones políticas, destinados o bien a instalar fiscales más leales a la Casa Blanca o a descarrilar investigaciones políticamente incómodas.

El posterior testimonio de Gonzales ante el Congreso fue visto como evasivo y contradictorio, lo que llevó a llamamientos bipartidistas para su dimisión y acusaciones de haber engañado a los legisladores. Ante la caída de la moral dentro del Departamento de Justicia y una tormenta política en Washington, Gonzales dimitió en agosto de 2007.

Estos casos revelan un patrón recurrente: los escándalos son más probables cuando un presidente nombra a un aliado político cercano o a un director de campaña para el cargo. Mitchell, Daugherty y Gonzales fueron todos leales durante mucho tiempo a sus respectivos presidentes.

Esta tendencia histórica, que algunos estudiosos señalan se hizo más pronunciada en el siglo XX, sugiere que priorizar la lealtad personal sobre el temperamento judicial en el proceso de selección aumenta significativamente el riesgo de politización y escándalos.

El fiscal general moderno: una cuerda floja perpetua

Las presiones históricas sobre el Fiscal General no han disminuido con el tiempo; Se han intensificado. En el actual entorno hiperpartidista, cualquier persona que ocupe el cargo debe navegar un panorama de presión política implacable, un legado de reformas impulsadas por escándalos y el dilema persistente de a quién sirve realmente.

La presión implacable del partidismo

Hoy en día, el Fiscal General es un foco de conflictos partidistas. Las audiencias de confirmación son batallas brutales, y cada decisión importante se examina a través de una lente política.

Eric Holder, fiscal general del presidente Obama, se convirtió en el primer fiscal general en ejercicio en ser declarado en desacato al Congreso por una Cámara liderada por un partido de la oposición debido a la investigación de tráfico de armas "Fast and Furious". Los críticos lo etiquetaron como el "ejecutor" político de Obama, mientras que sus partidarios elogiaron su trabajo en derechos civiles.

El sucesor de su sucesor, Merrick Garland, asumió el cargo con la misión declarada de restaurar la independencia del Departamento de Justicia, pero se enfrentó inmediatamente a lo que un exfuncionario calificó como una "serie de decisiones casi imposibles".

Tuvo que supervisar investigaciones simultáneas sobre el motín del Capitolio del 6 de enero, el hijo del presidente, Hunter Biden, y el expresidente Donald Trump. Como resultado, fue atacado sin descanso por los republicanos por supuestamente "usar como arma" al Departamento de Justicia y criticado por algunos demócratas por no perseguir a Trump de forma más agresiva, ilustrando perfectamente la cuerda floja política sin salida que deben caminar los fiscales generales modernos.

El legado del Fiscal Independiente y del Fiscal Especial

Una consecuencia directa de escándalos pasados es el mecanismo del fiscal especial. La "Masacre del sábado por la noche" condujo directamente a la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, que codificó el proceso para nombrar a un fiscal independiente para investigar presuntas irregularidades en el poder ejecutivo.

Durante el caso Irán-Contra en los años 80, el fiscal general Edwin Meese solicitó un fiscal independiente, Lawrence Walsh, cuya investigación alcanzó los niveles más altos de la administración Reagan.

Hoy en día, el nombramiento de un fiscal especial sigue siendo una herramienta principal para un fiscal general que se enfrenta a un posible conflicto de intereses. Merrick Garland lo utilizó para señalar imparcialidad nombrando fiscales especiales separados para investigar tanto a Donald Trump como a Hunter Biden.

Sin embargo, esta herramienta se ha convertido en un arma de doble filo. Aunque pretende proteger una investigación de la presión política, también sirve como una admisión pública de que no se puede confiar en que el Fiscal General y el Departamento de Justicia gestionen el asunto de forma imparcial.

Además, a menudo no logra frenar los ataques partidistas, ya que el fiscal general es criticado por las acciones y decisiones del fiscal especial que nombró.

El dilema duradero: ¿Jefe de la ley o abogado del presidente?

La historia de por qué los Fiscales Generales dejan el cargo es la historia del conflicto no resuelto, y quizás irresoluble, que está en el núcleo del cargo. El registro histórico demuestra una tendencia clara: el papel del fiscal general ha pasado de ser un funcionario cuasi-judicial a un insider partidista, elegido tanto por lealtad como por su perspicacia jurídica.

Las salidas de Richardson, Sessions y Barr no son eventos aislados, sino hitos en esta evolución. Cada crisis ha erosionado las normas institucionales de independencia que las generaciones anteriores lucharon por proteger.

Cuando un fiscal general es despedido por seguir normas éticas (Sessions) o dimite por negarse a validar falsedades políticas (Barr), se envía un mensaje escalofriante a sus sucesores. Este efecto acumulativo dificulta que los futuros fiscales generales mantengan la independencia, lo que podría disuadir a los candidatos más cualificados y con principios de buscar lo que se ha convertido en uno de los puestos más desafiantes y trascendentales de Washington.

Fuente GovFacts...👈

¡Los nazis ya están aquí! ¡Votad para parar esto!

 Alternativa por Alemania (AfD) es un partido neonazi. No llevan signos visibles como las esvásticas o las camisas pardas. El discurso del odio contra los judios los han cambiado por los musulmanes e inmigrantes en general. Promueven la familia tradicional aunque la lideresa Alice Weidel este casada con una mujer de origen indio, y tengan hijos concebidos por vientre de alquiler, y ademas vive con ella en Suiza. Todo lo contrario a la ideología reaccionaria de su partido.

AfD apoya a Putin, otro sátrapa muy de derechas, y no son pro Unión Europea (igual que Trump): "Alternativa para Alemania aboga por acabar con Schengen para que "gente como la de Ceuta no pueda venir aqui"...

... El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) pondría fin el Tratado de Schengen, que garantiza la libre circulación de personas entre los países firmantes, si llegara al Gobierno. De este modo evitaría situaciones como la actual crisis migratoria que vive la ciudad española de Ceuta.

"Lo vamos a cerrar. Nos vamos a retirar de Schengen para que gente como la de Ceuta no pueda venir aquí", ha dicho la líder de AfD, Alice Weidel, en una entrevista con la televisión pública alemana ZDF. "Este acuerdo tiene que acabar", ha afirmado. RTVE...👈

Como todo partido de extrema derecha que se precie, niegan el cambio climático: "La AfD está contra la política de cambio climático y quiere que la Unión Europea se retire del Acuerdo de París sobre el clima. Promueve el recurso continuado a las energías fósiles y la vuelta a la energía nuclear" (La Vanguardia... 👈). 

Lo mismo que Vox: "En el partido hay nostálgicos del nazismo y también neonazis. Que una parte de Alemania vuelva a ser gobernada por un partido de estas característica despierta inquietud en toda Europa". La política económica de AfD es calcada a la de Milei en Argentina: "La ultraderecha alemana propone que la intervención del estado en la economía se reduzca y que bajen los impuestos". No en balde Alice Weidel al terminar sus estudios acabó en "Goldman Sachs, donde trabajó en la oficina de gestión de activos de Fráncfort", y es una "Declarada admiradora de Margaret Thatcher" (Expansión...👈). 

En el lander de Sajonia-Anhalt han votado a una mutación nazi neoliberal. No nos extrañemos tanto, Hitler jamás fue anticapitalista. Y las políticas neoliberales son la ruina de las clases populares. Como se está demostrando en Alemania y en Argentina.

Shara Wagenknecht  y Alice Weidel

AfD no consiguió la mayoría absoluta pero cuenta con el apoyo de la izquierda, o supuesta izquierda de Sahra Wagenknecht : "El domingo el partido de [Shara] Wagenknecht entró en Magdeburgo con cinco escaños. Justo los que hacen falta para dar un golpe rojipardo. El lunes su candidato, Thomas Schulze, se abría a la abstención y descartaba cualquier acuerdo para vetar a AfD. El Código Penal llama «cooperador necesario» a quien aporta el acto sin el cual el hecho no se habría cometido, y le pone la misma pena que al autor. La extrema derecha vuelve; el rojipardismo, también" (La Marea...👈). 

Sahra Wagenknecht viene de la izquierda de Die Linke: abandonó Die Linke (La Izquierda) en octubre de 2023 junto a otros diputados para fundar su propio partido político, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Hoy pretende pactar con los nazis de AfD. Ya se le llama izquierda a cualquier engendro totalitario o reaccionario

La gran victoria de la AfD viene porque se ha comido a la CDU de Merz (la derecha conservadora), pasó de 40 escaños a 15 y sobre todo del abstencionismo, de los que han obtenido unos 157.000 votos de este grupo de desencantados, más que ningún otro partido.

Mientras que en Alemania los abstencionistas le han dado la victoria a la AfD, en España hay un grupo que llama a todo lo contrario de lo que ha ocurrido en Sajonia-Anhalt: la abstención. Se trata de una secta fundada por Rubén Gisbert Fraile. En octubre esta secta celebra su primer congreso de retardados...

... Los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, la Junta Democrática de España celebra en Salamanca el I Congreso por la Libertad Política Colectiva: el punto de encuentro de los repúblicos de España y el resto de la Hispanidad. De los que siguieron a Antonio García-Trevijano toda su vida y de todos los que quieren luchar contra la corrupción política y por la libertad. Leer más...👈

El aforo es de 400 personas, y la entrada más cara es de 50 euros y la más barata de 14. Un negocio si se les llena el auditorio: "La entrada general al congreso incluye acceso a las cuatro mesas de debate y sus respectivas ponencias magistrales, que sirven de preámbulo de dichas mesas. Al comprar cualquiera de las entradas del congreso la plataforma de venta te ofrecerá un pack con las cuatro mesas a un precio reducido. Esa es la manera de comprar la entrada general".

La extrema derecha convence a los obreros que los voten enfrentándolos a los inmigrantes, a los que son más pobres que ellos, y los chiflados travijanistas engañan a los bobalicones que todavía creen que el camino a la democracia es no votar, y de paso se ganan una perras. No es de extrañar: hay quien cree que las vacunas matan, que la tierra es plana y que la dana la provocó Pedro Sánchez, o que nos están fumigando para exterminar la población. 

Si son capaces de que convencer a las personas que el cambio climático es un cuento, pese a las evidencias, o que el ser humano jamás pisó la luna, y que el agua no hidrata, que nadie se extrañe del ascenso de la extrema derecha. Lo mismo que en los años 30 los obreros votaron a sus verdugos en el land Sajonia-Anhalt han votado la peor opción. Volvemos a tropezarnos en la misma piedra: la socialdemocracia y los conservadores aumentando la desigualdad económica con sus nefastas políticas, y los obreros votando a los populistas que no solucionan nada, más que nada porque las medidas que hoy proponen estos neonazis, son peores que las ya existentes.

 

Las manifestaciones de Ceuta y la puñetera bandera de España

Siguiendo lo que hemos aprendido de Ángel Viñas y otros historiadores , el golpe de Estado de 1936 fue promovido por José Calvo Sotelo y Renovación Española, recibiendo financiación y armas de Mussolini. En la trama civil también se encontraba la Comunión Tradicionalista (carlistas integristas) y la Falange Española de las JONS (fascistas). Por parte del Ejército participó la UME, que repartía propaganda antigubernamental entre los uniformados. El golpe de Estado lo dirigieron generales africanistas.

En director del complot fue Emilio Mola Vidal, que ideó todo el plan golpista con el propósito de montar una dictadura militar, pero sin intenciones de traer al rey a corto plazo. La idea de Sanjurjo y Calvo Sotelo, era esperar un tiempo prudencial para devolver a Alfonso XIII a su trono. El motivo de realizar el golpe de Estado con la bandera republicana, era atraer al máximo número de militares. El rey perdió su trono gracias a su enorme descrédito. Unas simples elecciones municipales le mostraron al Borbón en donde estaba la puerta. La elecciones del 12 de abril no las ganaron porque toda España se volvió republicana, sino por el descrédito de Alfonso XIII a derecha y a izquierda.

Sanjurjo murió en un chapucero accidente de aviación tratando de volver a España de su exilio en Portugal, y a Calvo Sotelo lo asesinaron, más chapuceramente todavía el 13 de julio, pero no por ello se abortaron los planes golpistas, sino todo lo contrario, el asesinato del líder de Renovación Española sirvió a los golpistas como excusa para sus planes, asegurando que la patria se desmoronaba y era necesaria una limpieza de malos españoles.

El 15 de agosto, Franco junto a Queipo de Llano se quitan las caretas republicanas, y en un acto en Sevilla vuelven a hacer oficial la bandera roja y amarilla introducida por la monarquía española, fue Isabel II quien la oficializó, al principio solo era un estandarte ideado para la Marina por orden de Carlos III. Ya el día 13 de agosto, un día antes de la gran matanza de Badajoz, en la frontera de Caya los militares golpistas (según informó Mario Neves) ondearon la antigua bandera de la España monárquica de los Borbones...

... Desde la 1 de la tarde ondean en Caya, último reducto gubernamental, la bandera del antiguo régimen (roja y amarilla) y la de la revolución: roja y azul [en realidad era roja y negra, los colores de Falange]. El éxodo de la población, artículo del día 13

Cuando llega la II República, a la bandera original se le añade un tercer color, el morado en representación de Castilla. ¿Habrá algo históricamente más español que Castilla? Pues entre la reacción parece que no gustó la nueva bandera española y republicana. Franco hizo la Guerra Civil bajo los colores del antiguo régimen, como bien indicó Neves, ganó la guerra con esos colores y mantuvo su dictadura con la misma bandera, solo le cambió el escudo. La transición no hizo un referéndum entre monarquía o república, y le dijo a los españoles: si quereis una Constitución teneis que cargar con el mochuelo del Borbón.

Por todo esto, en cualquier manifestación de la izquierda por los derechos sociales y civiles, o en defensa de los DD. HH (wokismo lo llama ahora la reacción), no verás jamás una bandera bicolor, si acaso banderas republicanas y ahora hasta palestinas. En Gijón el día 2, hicieron una contramanifestación a las manifestaciones organizadas por la extrema derecha y la derecha con la excusa de Ceuta, en donde gritaban : "Fuera fascistas de nuestros barrios". Lo malo no van a ser los fascistas en los barrios, sino en el Congreso, en las autonomías y en los ayuntamientos.

En las manifestaciones de la derecha solo se ven banderas españolas por todos lados, y alguna que otra, como es lógico, de Ceuta. La bandera roja y amarilla es la constitucional y por tanto la que representa oficialmente a España, lo mismo que el jefe de Estado según la Constitución es un monarca. Esto va para todos los rojeras que no ven problemas con la bandera oficial y que le quieren disputar el emblema nacional a la derecha: os regalo al rey y la bandera.

Esta manifestación del vídeo se ha organizado porque van a levantar unos campamentos provisionales para albergar a inmigrantes marroquíes. La queja es porque cerca hay un colegio. También se han opuesto CC. OO y la UGT de Ceuta (supuestos comunistas y socialistas que no son ni una cosa ni otra). Se pensaran que los inmigrantes se van a comer la merienda de las carteras de sus críos, o mejor aún, se van a comer a sus hijos y a los profesores directamente. Estos norteafricanos son caníbales. A saber de que tribu se han escapado. Lamentable la postura de CC. OO y UGT: "UGT rechaza el campamento de inmigrantes junto a una escuela infantil de Loma Colmenar"...

... El sindicato considera que la ubicación supone un riesgo para la comunidad educativa y reclama que las actuaciones para preparar el terreno se paralicen "de forma inmediata". Ceuta al día...👈

Van a montar otro campamento provisional al lado del puerto, y a qué no saben quien se ha opuesto, en efecto, el presidente Juan Vivas: "El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para atender a un millar de migrantes tras el 'no' de Vivas a ceder ese espacio"...

... El Gobierno, a través de una resolución del Ministerio de Transportes, ha anunciado que va a tomar el control del puerto de Ceuta atendiendo al artículo 73.3 y dada la "excepcionalidad de la situación" en la ciudad autónoma. Todo, después del 'no' del Ejecutivo ceutí presidido por Juan Jesús Vivas a ceder este espacio. El objetivo, la instalación de carpas para atender a 1.000 migrantes. La Sexta...👈 

El caso, es que según ha informado El País, el Gobierno había pactado de antemano ubicar el campamento al lado del puerto: "Vivas dijo que sí al puerto, se pactó en el mando único y después se remató en el Consejo de Seguridad Nacional y él supervisó y aceptó el decreto, pero al llegar el momento de la decisión, el Consejo de Administración del puerto, dominado por personas nombradas por Vivas, votó 11 a 4 este viernes para rechazar la autorización de la instalación, según confirman tanto fuentes del Gobierno central como el de Ceuta. Esos 4 fueron los representantes del Gobierno, mientras los 11 son los de la ciudad, mayoritarios, y los empresarios del puerto, según fuentes del Ejecutivo" (El País...👈 ).

Es obvio que no los quieren en ningún sitio. Y sin embargo, los primeros interesados en reubicarlos debieran de ser los propios ceutíes si quieren recuperar la Playa del Trampolín, por poner un ejemplo. El discurso de la invasión ha calado hondo en la población de Ceuta. Y no olvidemos que el invasor siempre es el enemigo al que hay que expulsar

 

Como esta señora que es malagueña pero afincada en Ceuta hace décadas. Quiere que los regulares y los legionarios saquen de una vez a todos los inmigrantes, sin miramientos y sin leyes que valgan, por la fuerza bruta. Y ella no es racista porque en la ciudad conviven con cuatro culturas, es que la pobrecilla no tiene vida, porque los inmigrantes vienen a delinquir y a robar, y a "muchas cosas más". Lo de muchas cosas más lo dirá porque se han registrado numerosas violaciones, pero tres de los supuestos violadores son de Ceuta. Y conviven cuatro culturas porque no han tenido más cojones. Señora, usted es muy racista aunque lo niegue.

No hace demasiado tiempo retiraron una estatua en honor a Franco en Melilla, ciudad hermana de Ceuta, con la oposición del Partido Popular: "El senador del PP y presidente de los populares melillenses, Juan José Imbroda, se ha mostrado este lunes en contra de la retirada de la estatua de Franco que existe en Melilla, la única en la vía pública en España, al defender que se le dedicó por ser “un héroe que salvó a Melilla” como comandante de la Legión en la guerra del año 1921 contra el Rif (La Razón...👈). 

Franco hizo algo más que defender el protectorado, Ceuta y Melilla, ¿qué fue sino la Guerra Civil? En Badajoz sabemos muy bien lo que hicieron la Legión y los Regulares Marroquíes entre el 14 y 18 de agosto. A lo mejor a la señora racista del vídeo que convive con cuatro culturas, es lo que le gustaría que hicieran los regulares y legionarios con los inmigrantes norteafricanos. Porque todos los ceutíes nacidos en Ceuta, siendo españoles, les guste o no, también son africanos.

Desde que ha ocurrido esta crisis humanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta (española y africana a la vez), no puedo sentir más desprecio por el PP por Vox, y por toda esa camada de racistas (siendo de izquierdas o de derechas) que hablan de invasión. España está invadida de racistas y eso produce mucho asco. Vaya todo mi desprecio contra ellos. Nunca ha sido tan importante votar en las siguientes elecciones, lo digan los anarquistas o cualquier tipo de abstencionista. Mi dignidad como persona me obliga votar para parar a Vox y al PP que son la misma ñorda racista y franquista.