viernes, 18 de diciembre de 2020

La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

 En una vieja mina romana, a 30 metros de profundidad, en el pueblo toledano de Camuñas, el médico forense Francisco Etxeberria dirige las labores de localización de víctimas de la Guerra Civil, el mismo trabajo que ha realizado en los últimos 10 años y de forma altruista con el equipo de técnicos de Aranzadi. Pero esta vez todo es distinto. Porque esta vez el forense no ha acudido a la llamada de familiares de fusilados que le piden que saque a los suyos de una cuneta para poner su nombre en una placa, sino a la del arzobispado de Toledo. Porque esta vez las víctimas no son republicanas, sino sacerdotes y gente adinerada y de ideología de derechas fusilada por el bando perdedor de la guerra. Y eso, aunque abajo, a 30 metros, para Etxebarria sea el trabajo de siempre, arriba lo cambia a todo.

Arriba, en la boca de la mina, los familiares de las víctimas claman contra la Ley de Memoria Histórica y la apertura de fosas. Cuentan que aquí hay miles, que esto es "el segundo Paracuellos" y hay quien dice que fueron arrojadas vivas ardiendo. Abajo, el equipo de técnicos sabe ya que hay unos 50 cuerpos, no más, y que cayeron muertos, porque tienen orificios de bala y tiros de gracia. "Decían que había 6.000 personas y no hay más de 60", explica Jorge Teulón, del arzobispado. "Los familiares no tienen ningún interés en sacarlos. La Iglesia ha acudido a la ciencia en este caso para tener la certeza de que aquí hay nueve mártires, que son candidatos a la beatificación. Y parece que está confirmado porque los científicos nos han dicho que una de las víctimas lleva ropa negra extremadamente larga", es decir, una sotana.

Teulón está hoy en la fosa para oficiar una misa por las víctimas. Dioni, familiar de tres de ellas, ha prestado una sábana para el improvisado altar. "Quiero que me amortajen con ella cuando me muera", explica. "A mi abuelo lo mataron por ser cristiano. Y yo conocí a mi padre porque la guerra la ganó Franco". No quiere recuperar los restos de los suyos y se opone a la apertura de fosas. Cuando se le pregunta por qué, si muchos de los familiares de las víctimas republicanas quieren dar sepultura cristiana a los suyos, añade: "¡Eso es mentira!". El sacerdote arranca la misa: "Hemos venido a hablar de paz y reconciliación...".

A 30 metros de profundidad, 10 expertos, entre arqueólogos, forenses, antropólogos y un dentista, continúan clasificando los huesos. "Algunos han aparecido carbonizados pero porque después de arrojarlos echaron maderos y gasolina para que ardieran", aclara Etxebarria.

LOS TRIBUNALES DE FRANCO EJECUTARON A LOS AUTORES

Los asesinos de las personas que fueron arrojadas a esta fosa fueron juzgados y ejecutados por Franco. Toledo fue republicano hasta muy poco antes del fin de la guerra de esta mina de Camuñas no es la única fosa a la que los republicanos arrojaron a sus víctimas. "Gente de los pueblos de donde eran las víctimas nos han contado que en los años 40 se exhumaron fosas y que incluso hubo una familia que pidió que los restos de los suyos fueran llevados al Valle de los Caídos, aunque por la dificultad técnica de rescatar los cuerpos de esta mina, finalmente, le dijeron que no", explica Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC, que está elaborando un trabajo sobre diez años de exhumaciones de fosas de la Guerra.

Etxeberria, que ha llevado a cabo más de un centenar, cuenta que en el País Vasco tienen más de 600 peticiones y que sólo tres pertenecen a la represión republicana. "Víctimas hay en los dos bandos, pero uno de ellos ganó la guerra. Y por eso las únicas fosas olvidadas eran las de los republicanos porque las otras se estudiaron y se protegieron durante el franquismo. Esta está señalizada con una placa que recuerda: "Aquí yacen cristianos que dieron su vida víctimas de la guerra 1936-1939".

Ferrándiz y la antropóloga María García Alonso lo saben porque en este caso contaban con mucha documentación. "En las fosas republicanas, la investigación parte de cero, o tienes que esperar dos años a conseguir el texto del consejo de guerra", explican.

EL OBISPO APOYA LA LEY DE LA MEMORIA

A última hora de la tarde el obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, visita la fosa. Se acerca al director de la excavación, el médico forense Francisco Etxeberria, al que da las gracias por su trabajo. El sacerdote Teulón le enseña una medallita religiosa que los arqueólogos han encontrado entre los restos. Y a continuación se produce una escena única y quizá irrepetible porque, tras rezar un padrenuestro, el obispo pide: "Ojalá que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra". La Iglesia a la que pertenece, responsable de muchas de las atrocidades cometidas en el conflicto —algunos curas confeccionaban listas de rojos para entregarlas a los asesinos— nunca ha pronunciado una frase semejante incluyéndose como culpable.

Al contrario que los familiares de las víctimas y de la Conferencia Episcopal, Morobia apoya la Ley de la Memoria. "Es de todos. Claro que me parece bien que se abran fosas. Desgraciadamente, todos tenemos que pedir perdón por la guerra y todos tenemos derecho a la Ley de la Memoria". Hace años este religioso impulsó otra exhumación para rescatar los cuerpos de 80 vecinos de su pueblo, fusilados por falangistas. El obispo pregunta al forense sobre las circunstancias de la muerte de los religiosos. "Me ha costado mucho llegar a este lugar", responde Etxeberria. "Hemos tenido que sacar 12 toneladas de tierra. Hemos encontrado los restos de una mujer, de gente muy mayor, con artrosis, y de personas más jóvenes. Los huesos están muy fracturados por las colisiones en la caída", añade. Abajo, la única diferencia respecto a las víctimas republicanas es que han aparecido un gran número de dientes de oro, lo que indica que pertenecían a las familias más ricas del pueblo.