Los 6.402 asesinatos amparados por una política perversa en Colombia
Los llamados ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales que reflejan la degradación del Estado y las fuerzas de seguridad durante el mandato de Álvaro Uribe
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“Es mi hijo, Fair Leonardo”, le contestó Luz Marina Bernal a la doctora de Medicina Legal, el organismo forense de Colombia que se encarga de establecer la causa de muertes violentas, cuando la doctora le preguntó si lo reconocía. Fue un sí corto, fulminante, dicho casi que con el último aliento que le quedó luego de estrellarse con la foto del cadáver, o de lo que quedaba de él.
Según el informe, Fair Leonardo recibió trece impactos de bala: uno le desbarató la mandíbula y otro el rostro. Desapareció ocho meses antes sin dejar rastro. Luz Marina lo buscó hasta el desfallecimiento, sabía que él no podía sobrevivir por sí solo. A pesar de que él tenía 27 años y de que era alto y fornido, su cerebro era el de un niño de 10. Padecía de una discapacidad severa derivada de una meningitis cerebral que contrajo de pequeño y que le impedía leer y escribir. Se ganaba la vida haciéndole mandados a los vecinos de cuando en vez, siempre que no fuera muy lejos porque podía sufrir una convulsión y perderse. Por eso, siempre llevaba un cartón con su nombre, dirección y teléfono.
A Luz Marina nada le encajaba. Encontraron su cuerpo en Ocaña, un pueblo a 700 kilómetros de Bogotá. Era imposible que Fair Leonardo hubiera llegado hasta allá solo. Supo que había sido enterrado en una fosa común y que había muerto dos días después de haber desaparecido. Es decir, llevaba varios meses muerto. Encontrarlo fue prácticamente un milagro. Un pedazo de ella quedó inerte cuando descubrió que su hijo discapacitado, que nunca había empuñado un arma porque su incapacidad se lo impedía, aparecía reseñado en la Brigada XV de Ocaña como el jefe de una organización narcoparamilitar y que había sido dado de baja por haber atacado a una unidad militar.
Fair Leonardo es uno de los 6.402 casos de falsos positivos que, según el nuevo Tribunal de Paz, se produjeron en Colombia entre los años 2002 y 2008, periodo en que gobernó el presidente Álvaro Uribe. Esta cifra es tres veces más alta que la que había recabado la Fiscalía hace un tiempo, cuando habló de 2.240 casos.
Si fueron 2.000, 6.000, o 10.000 como aseguran algunas ONG, poco importa. Cualquier cifra es irrelevante ante la magnitud del horror que supuso esta práctica macabra que se llevó a cabo en 27 de los 32 departamentos de Colombia y en más de 180 unidades tácticas adscritas a casi la totalidad de las Brigadas.
El Gobierno de Uribe creó un sistema de premios y beneficios que medía el éxito de la guerra contra las FARC por el número de bajas. Para acceder a esos beneficios, muchas unidades militares diseñaron un esquema de corrupción en el que reclutaban a jóvenes, en su mayoría de barrios populares, los trasladaban a lugares remotos con promesas falsas de trabajo, les quitaban sus documentos y los asesinaban para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja (muertos) en combate.
La impunidad la tenían garantizada. Las víctimas que reclutaban eran consideradas desechables, los asesinatos eran rápidamente legalizados como bajas en combate y los cuerpos terminaban enterrados en fosas comunes para que no pudieran ser identificados. Solo tuvieron un error de cálculo: subestimaron la tenacidad de Luz Marina Bernal por encontrar a su hijo desaparecido. A Fair Leonardo lo mataron cumpliendo el mismo protocolo, el mismo código de silencio con el que se llevaron a tantos jóvenes de familias humildes. Así se desveló el modus operandi que estaba oculto.
Los falsos positivos son el monstruo de Frankenstein que engendró la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, concebida para ganar la guerra contra las FARC.
En el papel, que todo lo resiste, se decía que el objetivo de esa política era asegurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional, proteger a los ciudadanos, estimular el pluralismo y fortalecer el Estado de derecho. En la práctica, se convirtió en una patente de corso para darle incentivos perversos a la tropa, y para que los generales cercanos a Uribe se volvieran los principales promotores de la política del body counting. Todavía retumban las arengas matutinas que hacía por la radio el general Mario Montoya, comandante del Ejército, en las que exultaba a sus tropas a que le entregaran bajas. El coronel González del Río, uno de los pocos oficiales condenados por falsos positivos, aseguró en testimonios ante la justicia que escuchó al general Montoya pronunciar: no quiero regueros de sangre, ¡quiero ríos de sangre! Otro general les dijo a sus hombres que quería ver el estadio de fútbol de Medellín lleno a reventar de bajas.
Cuando falla el procedimiento en una prueba de sangre, a eso se le llama falso positivo. Las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en Colombia no pueden considerarse un falso positivo: no fueron un error técnico en un laboratorio, fueron asesinatos de civiles amparados por una política de gobierno perversa.
Yo reconozco que las FARC son responsables de mucho del dolor que se siente en Colombia. Pero el conflicto también degradó al Estado y a las fuerzas del orden. Los falsos positivos reflejan esa descomposición. Y son, en realidad, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra.
Luz Marina tiene unos ojos verdes luminosos que intimidan porque lo han visto todo. Ya no le teme a nada. Aspira a una sola cosa: a que algún día Uribe tenga empatía con su dolor y acepte que sus decisiones desencadenaron un horror inenarrable.
María Jimena Duzán es periodista y autora de Santos. Paradojas de la paz y del poder (Debate).
