Daniel Gascón para El País.
El proyecto polariza, degrada el derecho y consume energía y tiempo que podrían dedicarse a cuestiones más importantes. La tribalización política hará que algunos se centren en las buenas intenciones de la ley y disculpen sus defectos. Pero, incluso desde un criterio puramente electoral, muchos ciudadanos rechazan que una ley como esta se pacte con Bildu, y quien no comprenda eso espera que los demás olviden demasiado en nombre de la memoria.
En aras de la discusión, aceptaremos que un Estado debe legislar sobre la memoria y asumiremos que un proyecto de ley rechazado por la mitad del arco parlamentario tiene una vocación “reparadora, inclusiva y plural”. Pasaremos por alto que declarar ilegal el régimen franquista es una coquetería: ya está en las disposiciones derogatorias de la Constitución.
Nos fijaremos en lo bueno: el proyecto de ley de memoria democrática corrige uno de los errores más graves de la ley de 2007, que privatizaba la exhumación de las víctimas. El Estado asume esa responsabilidad. El texto reconoce el logro de la Transición, cuyo espíritu de consenso “fue la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. Pero la política española es Rashomon: Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, que ha apoyado el texto, celebra que se “ha abierto un camino para poner en jaque el relato de una Transición ejemplar”. Una disposición adicional propone crear una comisión para estudiar “la vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” cometidos hasta 1983.
Como señala el constitucionalista Javier Tajadura, es una falsedad histórica y una difamación política. Se sugiere que el franquismo estuvo vigente hasta el 83: es posible que avance aún más, como la desertización. El descalabro sintáctico de la frase “se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas” la vuelve incomprensible, pero incluye el disparate de declarar “víctima” una cultura o una lengua. Se vislumbra la vieja afición nacionalista de transformar la Guerra Civil y la dictadura en una guerra de conquista y ocupación. La regulación de los actos públicos contrarios a la memoria democrática tiene aspectos de dudosa constitucionalidad, y alberga riesgos para cuando haya gobiernos de otro signo.
