Por Ignacio Escolar de eldiario.es
No fue un crimen político. No tuvo nada que ver ni con los escraches ni con los chistes de El Jueves ni con la corrupción ni con los doce cargos públicos de la presidenta de la Diputación ni con su gestión política, tan cuestionable hoy como ayer, cuando Isabel Carrasco aún vivía; la muerte conmueve, pero no te hace mejor persona.
No fue más que un suceso, un terrible y lamentable crimen sin relación alguna con el enorme descrédito de los políticos, con el enfado de un país en las raspas o con lo mal hablada que es la gente en Twitter o en los bares. Nada justifica un asesinato. Nunca. El de nadie. Jamás me alegraré de ninguno. Pero, ¿de verdad la Policía y la Guardia Civil no tienen nada mejor que hacer que "investigar" a los bocazas de las redes sociales? ¿En serio?
Como bien explica la abogada Isabel Elbal en este artículo en Contrapoder, el anuncio del Ministerio del Interior de que las fuerzas del Estado van a perseguir a quienes publiquen comentarios ofensivos en Internet sobre el asesinato de Isabel Carrasco es un absoluto despropósito. Es una investigación prospectiva que no se contempla en ninguna democracia, por mucho que el ministro Fernández quiera "limpiar las redes de indeseables". No se puede ir a la pesca de delitos, como se hacía en los años de la ley de vagos y maleantes.
Además, la policía no puede investigar de oficio las injurias y calumnias: es un delito privado, por lo que hace falta antes una querella que solo puede poner la persona directamente afectada –en este caso, la fallecida Isabel Carrasco; sus familiares podrían reclamar civilmente pero no por lo penal y en cualquier caso no consta que haya denuncia alguna–. Y confundir la mala educación, la mezquindad o la idiotez con el delito es algo que hasta la propia Policía parecía tener claro no hace tanto.
¿Qué ha ido a buscar entonces el Ministerio de Interior en las redes sociales? ¿Una excusa para censurar Internet? ¿Una nueva porra con la que amedrentar a la sociedad, al estilo de la que ya están aplicando contra los piquetes de las huelgas o con la reforma de la ley de seguridad ciudadana?
¿Por qué se detiene la campaña electoral cuando este asesinato no es en un crimen político? ¿Por qué esta muerte es una gran tragedia nacional y no se para el país con cada una de esas 24 víctimas de violencia machista que ya llevamos este año?
¿Por qué estos insultos digitales son ahora materia de investigación de oficio y no lo fueron antes, cuando la calumniada fue –por ejemplo– Pilar Manjón? ¿Por qué los mismos que critican el discurso del odio en Internet miran hacia otro lado cuando lo practican algunos periodistas y medios de comunicación?
La crispación en las redes sociales no es solo un problema, es también un síntoma: del hartazgo de la sociedad –que explica pero no justifica los insultos–, pero también de la sensación de impunidad que da el anonimato y de la falta de educación de algunos. El Gobierno debería saber que la moral y el respeto por los demás no se impone: se enseña. Más que bravuconadas del ministro, hace falta Educación para la Ciudadanía.
