martes, 5 de agosto de 2025

¿Pero qué es la okupación?


La okupación (con"k") es un movimiento social y cultural nacido entre los 70/80 relacionado con el punk y el anarquismo: "el movimiento okupa español se presenta como una forma de vida alternativa y comunitaria, con una serie de prácticas sociales idiosincráticas y puntos teóricos comunes que se influyen e interrelacionan con experiencias similares ya vividas en otros países europeos. Todos ellos están enmarcados en un contexto de desempleo, precariedad laboral y dificultad de acceso a la vivienda (El Confidencial...👈). No todo el que ocupa una vivienda es un okupa.

¿La ocupación es un delito? El delito de ocupación no está tipificado con esa palabra en el Código Penal. Veamos que dicen los expertos...

... En primer lugar, la ocupación no es un término jurídico, no está incluido como tal en el Código Penal español. Es la manera coloquial de mencionar el acto por el cual una persona se instaló a vivir en un inmueble que no le pertenece. Al no estar tipificado en el ordenamiento español como delito, no es posible utilizar ese concepto para iniciar una acción. Lo que se necesita saber es si esta ocupación es una usurpación o un allanamiento de morada.

¿Qué es la usurpación de vivienda?

Por su parte, la usurpación se refiere a la ocupación ilegal de una vivienda o un inmueble deshabitado que no constituye morada sin el consentimiento de sus propietarios. Un tercero, sin autorización, toma este inmueble y lo convierte en su residencia. Es un delito tipificado en el artículo 245 del Código Penal.

¿Qué es el allanamiento de morada?

El allanamiento de morada es el ingreso o permanencia en una vivienda o edificio sin la autorización del morador. Una persona que, aun siendo el inmueble habitado por su dueño, la intenta convertir en su propia vivienda sin permiso. Se trata de otro tipo de delito tipificado también en el Código Penal, concretamente en su artículo 202.

(...) Delito de usurpación de vivienda:

Con violencia o intimidación: será castigado con pena de prisión de 1 a 2 años, en función de la utilidad obtenida y el daño causado.

Ocupación pacífica de una vivienda ajena: se castiga con pena de multa de 3 a 6 meses.

Delito de allanamiento de morada:

Con violencia o intimidación: pena de prisión de 6 meses a 2 años.

Sin violencia: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

Una vez determinado el tipo de delito, previa denuncia y con la reivindicación de los propietarios, se aplican las penas previstas en el ordenamiento jurídico. No obstante, para los casos de usurpación de vivienda, el propietario puede instar previamente un mecanismo previsto en la Ley 5/2018, de 11 de junio que se denomina desahucio express. Mediante este procedimiento civil se puede obtener una resolución en un plazo de 15 días. Sierra Abogados e Inversiones...👈

Si no existe la ocupación penalmente, todavía existe menos la inquiocupación, Pues esto segundo es un inquilino moroso (un inquilino nos es un ocupa ya que entró en la vivienda legalmente) que ha dejado de pagar el alquiler. Esto naturalmente para el propietario es un problema, ya que para recuperar el inmueble tiene que denunciar al inquilino a los juzgados, y ya puede esperar sentado. Son juicios, como tantos otros, que se tardan en resolver al menos dos años. Pero repito, no son "ocupas" ni  "okupas".

Aquí el legislador debería ser más preciso y procurar que el dueño pudiera expulsar al moroso al tercer mes de adeudar el importe del alquiler, y si es una persona vulnerable le corresponde al ayuntamiento de turno resolver la papeleta.

A los fachas se les ha hecho el culo Pepsi-Cola, cuando se han enterado de que Giorgia Meloni prevé penas de hasta siete años de cárcel para un ocupa: "Siete años de cárcel para los okupas y agentes de Inteligencia con permiso para infiltrarse en la Mafia... Así es el nuevo decreto de seguridad de Meloni"...

... Formalmente, el nuevo tipo penal de la ley italiana habla de castigar a quienes sean responsables de "ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas que van de los dos a los siete años de cárcel. La Justicia, a través de la policía judicial, podrá decretar de forma inmediata el desalojo de una vivienda okupada incluso sin esperar la orden de un magistrado. El Mundo...👈

Me fascina como los periodistas españoles para refererse al allanamiento de morada o usurpación de vivienda siguen usando el término "vivienda okupada" (con k). Lo que hace Meloni con respecto a España es aumentar las penas para quien ocupe una vivienda ajena. La pena más alta en España son los dos años. Pero en fin, de una fascista no se puede esperar otra cosa que punitivismo a lo bestia

En España, la policía puede actuar de inmediato para expulsar a una persona que allane o usurpe una vivienda en ciertos casos, sin necesidad de esperar una resolución judicial, pero depende de la situación y del tipo de delito. A continuación explico la diferencia y el procedimiento:

Allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal):

  • Si alguien entra ilegalmente en tu vivienda (considerada tu domicilio principal, donde resides habitualmente) sin tu consentimiento, se considera allanamiento de morada, un delito grave.
  • En este caso, la policía puede intervenir de inmediato si se trata de un delito flagrante, es decir, si sorprenden a la persona en el momento de cometer el delito o justo después. Pueden entrar en la vivienda, detener al intruso y expulsarlo sin necesidad de una orden judicial previa, según el artículo 13.3 de la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 553), que permiten a la policía actuar para proteger el domicilio en situaciones de urgencia.
  • La policía debe constatar que la vivienda es tu domicilio legal y que el allanamiento está ocurriendo en ese momento.

Usurpación de vivienda (artículo 245 del Código Penal):

  • La usurpación implica la ocupación de una vivienda (que puede no ser tu domicilio principal, como una segunda residencia) sin autorización, pero sin violencia o intimidación. Este delito es menos grave que el allanamiento.
  • En casos de usurpación, la policía no siempre puede expulsar al ocupante de inmediato sin una orden judicial, salvo que se trate de un delito flagrante (por ejemplo, si los ocupantes son sorprendidos entrando o instalándose en ese momento). Si la ocupación ya está consolidada (es decir, los ocupantes llevan tiempo en la vivienda), normalmente se requiere una resolución judicial para el desalojo, ya que la policía no puede actuar directamente sin vulnerar los derechos de los ocupantes.

Procedimiento en la práctica:
  • Si llamas a la policía y demuestras que la vivienda es tuya (con escrituras, contrato de alquiler, empadronamiento, etc.), y el allanamiento o usurpación está ocurriendo en ese momento, la policía puede intervenir rápidamente, detener a los intrusos y devolverte el control de la propiedad.
  • Sin embargo, si los ocupantes alegan algún tipo de derecho (como un supuesto contrato de alquiler, aunque sea falso) o la situación no es claramente flagrante, la policía puede requerir una orden judicial para proceder al desalojo, lo que implica un proceso civil o penal más largo.
  • Desde 2018, la Ley 5/2018 de desalojo exprés ha facilitado los procedimientos para recuperar viviendas usurpadas, permitiendo a los propietarios reclamar la propiedad de forma más rápida a través de un proceso civil, pero esto sigue requiriendo intervención judicial.
Excepciones y matices:
  • Si hay violencia, intimidación o peligro inmediato, la policía tiene más margen para actuar sin esperar una orden judicial, ya que se considera una situación de urgencia.
  • En el caso de okupas que llevan tiempo en la vivienda, la policía suele derivar el caso a los tribunales, ya que los ocupantes pueden argumentar derechos adquiridos, lo que complica la expulsión inmediata.
La policía española puede expulsar a una persona que allane o usurpe tu morada sin esperar una resolución judicial si se trata de un delito flagrante y se acredita que la vivienda es tu domicilio. Sin embargo, en casos de usurpación no flagrante o cuando los ocupantes ya están instalados, normalmente se requiere una orden judicial.

Aviso a navegantes: si te encuentras en esta situación,  recomendamos acudir a la policía con toda la documentación que acredite tu propiedad y, si es necesario, consultar con un abogado para agilizar el proceso. Un servidor que escribe no es abogado y la información que expone la encuentra por Internet.

Ocupar (sin k) no es tan fácil como parece. Por eso los ocupas tratan de instalarse en viviendas propiedad de los bancos. Sería absurdo que intentaran instalarse en tu morada habitual, que como hemos visto al ser un delito de allanamiento de morada la policía tiene más margen. el caso de los inquilinos morosos está muy lejos de ser una práctica okupa...
... El magistrado Joaquim Bosch explica que no todo es lo mismo: “El allanamiento afecta a la morada, es decir, a la primera vivienda y a la segunda residencia, siempre que se desarrollen actos de la vida personal; mientras la okupación se refiere a inmuebles vacíos”. Y ahonda: “Si en el primer caso se ataca a bienes jurídicos como el uso pacífico de tu vivienda, en el segundo se ataca sólo el derecho a la propiedad en el sentido del posible uso de un inmueble del que uno es titular. Son dos cosas diferentes y tienen penas y tratamientos jurídicos distintos. Mientras el allanamiento de morada es un delito que tiene pena de prisión hasta de dos años, la okupación de inmuebles vacíos es un delito leve y tiene pena de multa” Infolibre...👈
Hay mucha manipulación y desinformación entorno a la ocupación y a la okupación.

Siete años de cárcel para los okupas y agentes de Inteligencia con permiso para infiltrarse en la Mafia... Así es el nuevo decreto de seguridad de Meloni



Manuel Tori...👈

Las personas que se manifiesten interrumpiendo el tráfico se arriesgan a penas de seis años, aunque sea de forma pacífica. "Este decreto es lo más lejano a nuestra cultura", dice la oposición

Ley y orden. Así resuena el decreto de seguridad que el Gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante tras la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento. La Cámara de los Diputados ya había dado luz verde al decreto (163 votos a favor, 91 en contra y una abstención) hace una semana, mientras que este miércoles fue el turno del Senado italiano, que ha dado vía libre al documento con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.

Si a nivel internacional Meloni se muestra como una líder moderada, la nueva ley de seguridad confirma su mano dura a nivel interno. Con la nueva reforma, habrá 14 nuevos tipos penales y nueve circunstancias agravantes que, en esencia, endurecen las penas y aumentan los años de cárcel en relación a delitos vinculados con la seguridad y el orden público. Uno de los aspectos más controvertidos, sin embargo, tiene que ver con casos directa o indirectamente relacionados con la libertad de manifestación y de expresión.

"Con la aprobación definitiva del decreto de seguridad, el Gobierno italiano da un paso hacia adelante para reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres en uniforme", dijo la primera ministra italiana tras la votación del Senado y añadió que su Ejecutivo protege "a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos" y refuerza "las herramientas a disposición de las fuerzas del orden".

No piensa lo mismo la oposición progresista, que se sentó en el suelo, en el centro de la Cámara Alta, como señal de protesta contra el Ejecutivo de Meloni. Mencionaron una "deriva autoritaria" y un sentimiento de "vergüenza" por la nueva reforma en materia de seguridad. Francesco Boccia, el presidente de los senadores del Partido Democrático (PD) y principal formación de la oposición progresista, denunció el exceso de "mociones de confianza" del Gobierno para que se aprueben sus reformas. "Este decreto es lo más lejano a nuestra cultura", dijo el ex primer ministro y senador del partido centrista Italia Viva (IV), Matteo Renzi, aunque no participó en la sentada.

A partir de ahora, no estará permitido manifestarse interrumpiendo el tráfico de calles, plazas, carreteras, vías de tren o la ejecución de obras públicas. Se establecen penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años en el caso de que conlleve la participación de muchas más personas. Uno de los aspectos más polémicos tiene relación con el hecho de que no se hará ninguna diferencia aunque las manifestaciones no sean violentas. No se podrá protestar ocupando lugares públicos ni siquiera de forma pacífica de ahí que la oposición del país, con cierta indignación, hable de una norma "anti Ghandi", en referencia al histórico líder indio símbolo internacional de la resistencia pasiva y la desobediencia civil dentro del marco de la no violencia.

Revueltas en las cárceles y 'okupas'

Aunque las cárceles italianas tienen un problema de sobrepoblación y preocupan los altos casos de suicidio, la nueva norma apuesta por penas de hasta cinco años de prisión para quienes sean responsables de instigar revueltas -uno de los nuevos delitos tipificados- y desobedecer las normas carcelarias. Se endurecen las medidas en el caso de se trate de centros de detención y de expulsión para extranjeros. En la filosofía "anti Ghandi" mencionada por la oposición y los principales medios del país, el decreto también castiga la resistencia pasiva que impida el desarrollo ordinario de las actividades dentro de las prisiones italianas.

Otra de las novedades más destacadas tiene que ver con la acción de los okupas en viviendas privadas. Al igual que en otros países, en Italia los procesos judiciales para los desalojos pueden ser muy complejos y lentos. De modo que el nuevo decreto de seguridad trata de aportar respuestas más rápidas al respecto. Formalmente, el nuevo tipo penal de la ley italiana habla de castigar a quienes sean responsables de "ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas que van de los dos a los siete años de cárcel. La Justicia, a través de la policía judicial, podrá decretar de forma inmediata el desalojo de una vivienda okupada incluso sin esperar la orden de un magistrado. La ley considerará un elemento judicial favorable para los responsables si los okupas colaboran en la comprobación de los hechos y en el desalojo de los inmuebles.

El Gobierno también ha aportado nuevos elementos en relación a los servicios de inteligencia. Las agencias de seguridad italianas, a partir de ahora, podrán participar en grupos terroristas y mafiosos para conseguir infiltrarse. En el ámbito terrorista, se tipifican nuevos delitos vinculados a la posesión de material que contenga informaciones acerca de cómo llevar a cabo actos terroristas, de cómo emplear explosivos y de cómo realizar delitos contra cargos del Estado.

miércoles, 30 de julio de 2025

Todos a votar para parar a Vox. Un Guardia Civil de Vox amenaza a Laura Arroyo con deportarla

Josema Vallejo, guardia civil de Vox

 


Según la Wikipedia: "Laura Arroyo Gárate nació en Lima el 13 de septiembre de 1986.​ Es licenciada en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y diplomada en Periodismo Político y Análisis Cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Cursó un máster en Análisis Político en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en Canal Red y "Desde marzo de 2024 es tertuliana política del programa La Hora de La 1, dirigido por Silvia Intxaurrondo". También hace sus pinitos en la música: "Arroyo es también cantautora. En 2021 publicó su primer disco, Niebla, un álbum de cuatro canciones, a modo de las cuatro estaciones, con interludios recitados por Laura Casielles, Micaela Távara, Gabriela Wiener y Claudia Blanco. Al año siguiente, en 2022, publicó Refugio, disco de diez temas instrumentales donde Arroyo toca el piano y donde rememora su viaje a Lima durante la campaña presidencial peruana de 2021​".

Y Josema Vallejo, según Vox, es " un cabo primero de la Guardia Civil nacido en Zaragoza (1978) y vinculado con Huesca tras años de servicio en la Comandancia de la capital y otros destinos como Graus, Jaca y el Centro de Cooperación Policial de Somport.  Al ser efectiva su candidatura, como miembro de la Guardia Civil pasará al régimen de ‘servicios especiales’ para compatibilizar su actividad política [como diputado de Vox]. Su relación especial con Huesca trasciende lo laboral: vinculador familiarmente con Jaca, en esta provincia pasó también buena parte de su infancia y adolescencia, tanto con su familia como con su grupo Scout, así como, posteriormente, sus destinos como guardia civil".

Este guardia civil de Vox en activo ha prometido deportar a la periodista Laura Arroyo, alegando que "dentro de poco, haremos realidad tu sueño de no ser española y te devolveremos a tu país. Si, por casualidad, te dieron un DNI español que tampoco quieres, no sufras; te lo quitaremos".

Este xenófobo de Vox ignora que se puede tener doble nacionalidad, la peruana y la española a la vez. Celebrar la independencia del Perú, no significar odia a España sino ser patriota. Algo que estos nazis debieran de entender, ¿o no? Se independizaron de España, como los yanquis se independizaron de las colonias británicas. Estos gualtrapas siempre con la historia imperialista a cuestas. Pareciese como si estuvieran dolidos de que la corona española se quedara sin los territorios de ultramar. Y cada vez que un latinoamericano se los recuerda se les revuelven las tripas. Pues ajo y agua, y a mamarla.

De verdad que un miembro de lo que durante el franquismo se le llamaba la Benemérita ("Digno de galardón"), puede amenazar con esa impunidad a una mujer inmigrante, en este caso con sus papeles pertinentes. ¿De verdad que se puede?

Vox ya no solo da asco, un profundo asco que parte desde lo más recóndito de nuestras entrañas, sino que empieza a dar mucho miedo. Y mientras tanto, por ahí existe un grupúsculo de iluminados diciendo que no hay que votar porque España no es una democracia, sino un franquismo light, o sea una dictadura dulcificada. Que no se preocupen, que estamos a las puertas de un franquismo sin adjetivos y sin dulcificar. Cuantas mamarrachadas tenemos que aguantar de gente a la que suponemos cultas, por Dios.

Todas las democracias sin excepción son un fraude, pero preferibles a los sistemas descaradamente autoritarios, como el que democráticamente ha instaurado Trump en los USA con ayuda del Tribunal Supremo y de todos los diputados del Partido Republicano. Trump se marchará, pero el mismo TS (los cargos son vitalicios), seguirá apoyando el autoritarismo del Partido Republicano. La huella de Trump no será indeleble.

La inmigración crece, los delitos no: los datos de Interior rebaten la conexión entre más extranjeros y más delincuencia

 

El Ministerio no encuentra impacto “negativo o significativo” del número de extranjeros en España sobre la tasa de criminalidad, que se mantiene a la baja o estable desde 2011

Fuente: El País...👈

El estereotipo falso de los inmigrantes como potenciales delincuentes, alimentado por Vox y en el que el PP se ha empezado a acomodar, no se corresponde con los estudios de ciencias sociales. Sin embargo, cala y revive periódicamente pese a las argumentaciones. “La ciencia no casa con el populismo. No hay duda. No hay relación directa entre migración y delincuencia”, sostiene Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. “La percepción es tan fuerte, el estereotipo y el prejuicio es tan potente que es, como dice el sociólogo norteamericano Rubén G. Rumbaut, una idea zombi. Por mucho que la matas, que la contraargumentas y que demuestran que no es así, permanece viva”, añade.

El miedo a la inmigración ha vuelto a pasearse por la agenda política ―y las redes sociales― coincidiendo con las elecciones catalanas o frente a la crisis que sufre Canarias. Tanto ha pesado, que Vox llegó a romper los cinco gobiernos autonómicos que formó con el PP porque los populares accedieron al reparto de 400 menores migrantes en la Península. El PP ha comenzado a sumergirse en un marco argumental que hasta ahora copaba la extrema derecha, que habitualmente habla de “delitos importados”, en referencia a las violaciones grupales, o que defiende postulados manipulados como que “la inmigración ilegal por su propia denominación es delincuencia”, como manifestó el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, en abril de 2023.

En la campaña de las elecciones catalanas, a comienzos de mayo, Alberto Núñez Feijóo pidió el voto en Cataluña para que los inmigrantes “no ocupen nuestros domicilios”. “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”, añadió el líder del PP el 22 de julio ante los suyos, un día antes de votar en contra, junto a Junts y Vox, de la reforma de la ley de extranjería pactada con el Gobierno de Canarias (del que forman parte los populares) con el Ejecutivo central, para aliviar la situación límite en las islas por la llegada de menores migrantes no acompañados.

Frente a la actuación política, sucesos como el crimen de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) han sido agitados desde las redes sociales por ultras, como el eurodiputado Alvise Pérez, vinculando el homicidio del menor a personas migrantes. La Fiscalía llegó a anunciar que estudiaba la trascendencia jurídico penal de estos “mensajes falsos” por criminalizar “de forma generalizada” a personas extranjeras, tras lo que muchos de quienes los propagaron los borraron e, incluso, cerraron sus cuentas en redes.

Todo ello, en un país considerado seguro. La tasa de criminalidad española, 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen) en 2022, se mantiene baja frente a países del entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

viernes, 25 de julio de 2025

El TC dictamina que el cerrojazo del Congreso durante la pandemia vulneró los derechos de los diputados


ÁNGELA MARTIALAY. EL MUNDO...👈


Meritxell Batet y Pedro Sánchez, en un acto en el Congreso.ALBERTO DI LOLLI

El Tribunal Constitucional ha estimado este martes el recurso de amparo de Vox contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados del 19 de marzo de 2020, donde se acordó reducir la actividad de la Cámara Baja durante las semanas más duras de la pandemia. La sentencia ha salido adelante con seis votos a favor y cuatro en contra, según indican fuentes jurídicas a EL MUNDO.

Se mostraron partidarios de dar la razón a Vox, junto con el ponente Antonio Narváez -que en un primer momento se mostró a favor de la desestimación-, los magistrados Andrés Ollero, Ricardo Enríquez, Pedro González-Trevijano, Encarnación Roca y Santiago Martínez Vares.

Votaron en contra los magistrados del sector progresista, Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, más el presidente, Juan José González Rivas.

La sentencia considera que la declaración del estado de alarma no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados. En consecuencia, la decisión de la Mesa hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lesionando su derecho de participación política.

En la parte dispositiva de la resolución, cuyo contenido íntegro se notificará en los próximos días, se restablece el derecho de los parlamentarios y se declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020 que disponía lo siguiente: "La Mesa del Congreso de los Diputados, el día 19 de marzo de 2020, ha acordado suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión".

Además, el tribunal de garantías también declara la nulidad del acuerdo de la Mesa de 21 de marzo del año pasado donde se desestimó la solicitud de reconsideración presentada por la formación de Abascal contra el acuerdo anterior.

Fiscalizar la acción de Gobierno

En su recurso, Vox alegó que las iniciativas que ellos presentaron en la Cámara Baja para fiscalizar la acción de Gobierno durante el primer estado de alarma no fueron tramitadas debido a que la Mesa suspendió el cómputo de los plazos para las citadas iniciativas parlamentarias.


El partido argumentó que el control parlamentario del Ejecutivo permaneció absolutamente "cercenado" durante el cerrojazo del Congreso debido a que los acuerdos de la Mesa suponían "arrasar" con los derechos de la minoría en el Congreso de los Diputados, de la que forman parte los diputados del partido de Abascal.

Durante la tramitación del amparo, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado propusieron desestimar la demanda de Vox al entender que, pese a que la actividad parlamentaria sufrió un parón, sí que hubo tramitación de determinadas cuestiones como, por ejemplo, la aprobación y prórroga de los estados de alarma en los Plenos del Congreso.

No ha asistido al Pleno debido a que se encuentra de baja por enfermedad el magistrado Alfredo Montoya, indican fuentes del órgano.

Debate sobre la prisión permanente revisable

El Pleno ha comenzado este martes a deliberar sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Durante su intervención, la vicepresidenta del órgano, Encarnación Roca, ponente del asunto, ha validado la constitucionalidad de la medida aunque proponiendo especificar un mecanismo para que los presos que accedan a la libertad condicional, y vean luego que se les revoca esta, puedan acceder a una nueva revisión de su situación procesal.

Fuentes jurídicas explican que las primeras exposiciones de los magistrados -tan sólo han intervenido la ponente y los magistrados María Luisa Balaguer y Cándido Conde- Pumpido- ya han reflejado que existe una fuerte división entre los partidarios de desestimar el recurso de inconstitucionalidad de los grupos parlamentarios y quienes creen que la prisión permanente revisable es claramente inconstitucional.

Los aspectos más polémicos de la medida, que continuará revisando este miércoles el Pleno, son si vulnera los artículos 15 y 25 de la Constitución y el principio de reinserción social, si es proporcionado que el periodo de seguridad establecido sea de 25 años y, si una vez concedida la revisión de la condena, existen mecanismos suficientes en el Código Penal para que los presos que accedan a la libertad condicional, y les sea revocada, puedan tener en un plazo razonable una nueva revisión de esta situación.

miércoles, 23 de julio de 2025

Escaños en Blanco, la opción real para delegitimar el sistema del 78

 


Si alguien no vota porque considera que no vivamos en una democracia real, y su abstención es una forma de protestar, esa es la peor opción, porque su voto se diluye con la abstención que no vota porque todo le suda la polla. García-Trevijano a la abstención protesta lo llama abstención activa. Que como hemos dicho, no se refleja en la abstención total. El partido Escaños en Blanco, encontró un sistema más eficaz. Dejando los escaños de los diputados vacíos. Los acólitos trevijanistas no quieren reconocer que esa idea infinitamente es superior a las propuesta de Antonio García-Trevijano. Son tan sectarios que no pueden reconocer ni un mínimo error en la estrategia del gran gurú. 

Uno de estos dogmáticos me dijo que el seguiría sin votar, porque "El régimen cuenta esos votos como legítimos y es imposible dejar escaños vacíos en el Congreso. El régimen penaliza eso y te quita el acta de diputado". Se equivoca. Una cosa es la percepción de los partidos políticos y otra es la de la ciudadanía que está descontenta.

La Inteligencia Artificial, cada vez obtiene mejores resultados, ya que escudriña la red con mucha más eficacia que un ser humano. Aunque puede tener los sesgos predominantes en Internet. Pero para algunas cuestiones pueden ser muy útiles. Le pregunté a una IA sobre si es posible dejar los escaños en blanco y esta fue su respuesta:

La pregunta sobre si al partido Escaños en Blanco se le puede quitar el acta de diputado por no tomar posesión de los escaños que consiga en el Parlamento español es compleja y requiere analizar la normativa electoral y parlamentaria española, así como el funcionamiento del sistema político. Vamos a desglosarlo paso a paso:

1. Contexto de Escaños en Blanco

Escaños en Blanco es un partido político español fundado en 2010 con un único punto en su programa: no tomar posesión de los cargos electos que obtengan, dejando los escaños vacíos como una forma de visibilizar el descontento ciudadano con el sistema político y la clase dirigente. Renuncian a cualquier remuneración, subvención o beneficio asociado a los cargos electos, y su objetivo final es lograr una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que el voto en blanco sea computable y se traduzca en escaños vacíos de manera automática.

2. ¿Qué dice la legislación española sobre el acta de diputado?

En España, la obtención del acta de diputado está regulada por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y el Reglamento del Congreso de los Diputados. Una vez que un candidato es elegido en unas elecciones, se le reconoce como diputado electo y se le entrega el acta correspondiente por la Junta Electoral. Sin embargo, para adquirir la condición plena de diputado, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como tomar posesión del cargo en el acto formal de constitución del Congreso o en sesiones posteriores permitidas por la ley.

 Escaños en Blanco, según su programa, no toma posesión de los escaños obtenidos, lo que significa que sus candidatos electos no adquieren la condición plena de diputado. Esto implica que no tienen acceso a los derechos ni obligaciones asociados al cargo (como sueldos, dietas, subvenciones o participación en las decisiones parlamentarias).

3. ¿Pueden quitarles el acta de diputado por no tomar posesión?

 La respuesta corta es no, no se les puede quitar el acta de diputado electo por no tomar posesión del cargo, ya que la legislación española no contempla esta posibilidad de manera explícita. Aquí los puntos clave:

Estatus de diputado electo: Una vez que la Junta Electoral proclama a los candidatos electos, estos tienen derecho al acta de diputado, que es un reconocimiento formal de su elección. Este acta no se pierde por no tomar posesión, ya que el no hacerlo no incumple ninguna norma legal. La LOREG no establece que la no asunción del cargo sea motivo para anular el acta.

Procedimiento de Escaños en Blanco: Según su propio procedimiento, los candidatos de Escaños en Blanco recogen el acta de diputado electo, pero no acuden a la toma de posesión ni a las sesiones posteriores donde podrían asumir el cargo. Esto está amparado por la doctrina de la Junta Electoral Central, que permite que un candidato electo mantenga su condición sin tomar posesión, aunque ello implique que no ejerza funciones ni reciba beneficios. En consecuencia, el escaño queda efectivamente vacío durante toda la legislatura, sin que otro partido pueda ocuparlo.

Imposibilidad de sustitución: En el sistema electoral español, los escaños vacíos no se reasignan a otros candidatos o partidos una vez que el candidato electo ha sido proclamado. Esto significa que, si Escaños en Blanco obtiene un escaño y no lo ocupa, ese escaño permanece vacío y no puede ser ocupado por el siguiente candidato de la lista de otro partido

Precedentes legales:

 Escaños en Blanco ha aplicado esta práctica en elecciones municipales (por ejemplo, en Foixà, Girona, donde han obtenido concejalías que dejaron vacías) y no ha enfrentado consecuencias legales que impliquen la pérdida del acta. En 2015, el Ministerio del Interior llevó al partido a los tribunales por cuestiones relacionadas con su actividad, pero no tuvo éxito, lo que refuerza la legalidad de su estrategia.

4. ¿Qué implicaciones tiene dejar el escaño vacío?

Efecto político: Al no tomar posesión, Escaños en Blanco logra su objetivo de visibilizar el descontento ciudadano, ya que el escaño vacío es un símbolo de la falta de representación. Esto también reduce el número de votos necesarios para alcanzar mayorías en el Parlamento, lo que puede afectar indirectamente a las dinámicas políticas.

Efecto económico:

 Al no asumir el cargo, los candidatos de Escaños en Blanco renuncian a sueldos, dietas y subvenciones, lo que supone un ahorro para las arcas públicas. Además, el partido no acepta subvenciones por votos o escaños, lo que refuerza su compromiso con su ideario.

Críticas y riesgos:

 Algunos críticos argumentan que, en un escenario extremo (por ejemplo, si Escaños en Blanco obtuviera una mayoría de escaños), el Parlamento podría quedar inoperativo. Sin embargo, el propio partido señala que, en tal caso, el problema radicaría en la falta de confianza ciudadana en el sistema político, no en su estrategia

5. ¿Podría cambiar la legislación para evitar esto?

 La única forma de evitar que Escaños en Blanco deje escaños vacíos sería mediante una reforma de la LOREG que estableciera que no tomar posesión del cargo implica la pérdida del acta y la reasignación del escaño a otro candidato. Sin embargo, esto no está contemplado actualmente, y cualquier cambio en la ley requeriría un consenso político amplio, algo improbable dado que Escaños en Blanco es visto como una amenaza al sistema representativo por los partidos tradicionales.

Además, el partido ha presentado propuestas y alegaciones ante el Tribunal Constitucional y otras instancias para que el voto en blanco sea computable y se traduzca en escaños vacíos, pero hasta ahora no han prosperado.

6. Conclusión

A día de hoy, no se puede quitar el acta de diputado a los candidatos de Escaños en Blanco por no tomar posesión de sus escaños, ya que esta acción está amparada por la legislación vigente y la doctrina de la Junta Electoral Central. Su estrategia es legal y ha sido aplicada con éxito en elecciones municipales, dejando concejalías vacías sin que ello implique la pérdida del acta. El escaño permanece vacío durante toda la legislatura, cumpliendo con el objetivo del partido de visibilizar el descontento ciudadano sin incurrir en ninguna irregularidad.

Está muy claro que la opción de Escaños en Blanco es mucho más visible y pragmática que no votar y perder tu voto en una inútil abstención. Superaron a García-Trevijano, pero eso es un pecado: "Para mí son todos iguales de ilegítimos, oligarcas y corruptos". Algo que es mentira, pero si lo dijo el gurú sería verdad. La Junta Democrática, está enfrentada al MCRC, y a su vez a Escaños en Blanco, y todos persiguen el mismo fin. Debieran de unir sus fuerzas y votar por este partido que en realidad es un antipartido. Y después critican la falta de unidad de la izquierda.

martes, 22 de julio de 2025

Antonio García-Trevijano amamantó a sectarios y a gilipuertas

 

Mientras que en el Europa Vox se queja de las pensiones privadas de los mutualistas, los nazis de Vox en España pretenden privartizarlas. 


Isabél Pérez Muñiz (Vox), por las redes sociales comparte imágenes con una camiseta en la que dice que hay que explusar a los MENAS (niños inmigrantes) de la comunidad de Madrid. No se esconden y lo predican a los cuatro vientos. Donald Trump  en EE. UU. hizo lo mismo al ser muy claro con sus pretensiones raciales.


Un premio Nobel de economía, al que se le supone que sabe más de economía que cualquier ignorante que pulula por las RR. SS., analizando las propuestas económicas del PP y Vox, prevé más polarización y desigualdad. Por otra parte nada nuevo bajo el sol: "Stiglitz advierte sobre un eventual Gobierno entre PP y Vox: “Más desigualdad y más división”...

... El economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, ha augurado que un eventual Gobierno central entre PP y Vox tras las elecciones del 23 de julio generará” más desigualdad y una sociedad más dividida”. En el marco de un encuentro con periodistas en el Palau de la Generalitat, que le ha concedido el XXXV Premio Internacional Catalunya. El País...👈

El Presidente de la Junta de Andalucía, es otro neoliberal con cara de corderito, en realidad es un lobo: "Moreno Bonilla habla abiertamente de abolir la sanidad pública: “Puede ser inviable”...

... La sanidad en Andalucía ha constituido una de las críticas más gruesas al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla desde que asumió la presidencia y sigue haciéndolo en la actualidad. Los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la desviación de fondos, la presunta malversación o la deficiente gestión de los hospitales suponen el lastre que los andaluces y andaluzas arrastran desde 2019. El Plural...👈

A pesar de que el Gobierno "socialcomunista" ha subido el SMI un 60%  (ahora no se puede pagar menos e 1.080 € a un trabajador) el SMI sigue siendo un sueldo insuficiente. A Feijóo no le han  gustado estas subidas: "Feijóo muestra su rechazo a la subida del SMI y Óscar Puente responde: “Y ya si restauramos la esclavitud...”...

... El líder del Partido Popular y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a favor de las empresas y ha mostrado, de nuevo, su rechazo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una de las medidas clave del Gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez. "El incremento indiscriminado del SMI lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas”, ha declarado este miércoles. Infobae...👈

En Córdoba, Vox ha organizado un acto racista delante de un centro de acogida a menores inmigrantes: "Fuera racistas de nuestros barrios”: un acto de Vox, opacado por las protestas vecinales"...

... La convocatoria de la formación política frente al centro de menores Juan de Mairena ha generado una respuesta inmediata de grupos antirracistas

 A las 10:30 de la mañana de este lunes, un grupo de personas se concentran en la esquina del Centro de Menores Juan de Mairena en Córdoba. No hay pancartas ni organización aparente, pero sí una consigna que se empieza a oír con fuerza en cuanto un coche aparece: “Fuera racistas de nuestros barrios”. elDiario.es...👈

Está muy bien manifestarse públicamente, pero así no se para a estos racistas de Vox. Las estimaciones en unas futuras elecciones le otorgan a los nazis de Vox entre 40 y 50 diputados. Si no queremos a Vox en las instituciones y al PP haciendo políticas regresivas, solo existe una forma. Vencerles en las urnas, mas las encuestas no son muy halagüeñas.


Algunos podrían pesar que lo mejor sería abstenerse vista la corrupción galopente que no da tregua en tantos años de esta monarquía parlamentaria. No olvidemos que la corrupción se incia en los gobiernos de Felipe González y se ha mantenido hasta hoy. En las últimas elecciones la participación ciudadana fue del 66,59 %, unos resultados que se han mantenido muy parecidos durante 43 años. Abstenerse es una opción que evidentemente no funciona (para espanto de los "abstencionarios"). Nadie puede pedir a nadie que no vote porque vivamos en una pseudodemocracia. Tampoco podemos obligar a lo contrario. Cada cual es muy libre de hacer con su voto lo que crea oportuno.

Existen unos especímenes, seguidores de los postulados de Antonio García Forte, más conocido como Antonio García-Trevijano, que acosan a las personas para que no acudan a las urnas a ejercer su derecho constitucional. Y todo con un tono supremacista pensando que por haber leído a García Forte las imbeciliddes que salían de su mente podrida por el odio, la razón absoluta les asiste. 


Javier es unos de estos amantes del tarado de García Forte. Un usuario de Facebook, Pere, dice que hay gente de Vox que quiere una dictadura, y Javier le contraargumenta alegando que: " ¿qué democracia? ¿Está o se le espera? Lee más de Teoría Política y opina menos"

Hasta aquí hemos llegado. Un tipo que dice a otra persona que opine menos, porque no ha leído, la "Teoría Política", solo le ha faltado decirle que lea la teoría política que dinfunde García Forte en sus libros. Como si este estúpido tuviera la verdad absoluta en sus escritos. Javier ha insinuado: lee a García-Forte y luego opinas. Mientras, mantente callado porque eres un igonante que no sabe de Teoría Política. Este comlejo de superioridad en estas personas que se creen con la verdad abosluta es digno de un estudio psicológico.

La democracia que pretendía este farsante era la oligarquía neoliberal y capilatista de Estados Unidos. Solo hay que verlo en el vídeo de arriba como está de acuerdo con el Gobierno de milmillonarios de Trump, y eso fue en 2016. En 2024 ha sido todavía mucho peor. Mas millonarios en el Gobierno y deportaciones racistas por todo el país, sin que nadie en el Partido Republicano le haya tratado de parar los pies en el congreso o el Senado.

Este chalado mucho criticar al franquismo, franquismo que no olvidemos se pudo instaurar inicialmente gracias a un golpe de Estado que desembocó en una Guerra Civil, pero en 2017 cuando el proces independentista, (que se resolvió sin mayores problemas), este reaccionario llamaba al Ejército Español a dar otro golpe de Estado. Menudo mamarracho prepotente.

España es tan democrática u oligarquica como Estados Unidos, y existe la misma independencia de poderes en Gringolandia que en Españistán. Hacer caso de un mentiroso patológico es volverse un irreflexivo y un fanático, que no ve más allá de las chifladuras de García Forte. Son exactamente igual que los antivacunas y los conspiranoicos, y además de unos terribles engreídos que te mandan leer más y a opinar menos. ¿Se puede ser más asqueroso? Hasta aquí ha aguantado mi tolerancia con estos totalitarios supremacistas que se creen superiores al resto de los mortales porque no votan. Y no son más que unos fanáticos ilusos.

Una persona con conciencia de clase y viendo como está el panorama, no puede quedarse en casa en cualquier tipo de elección. Si no se quiere votar al PSOE o al PP, porque son unos corruptos, siempre existe una alternativa, sobre todo por la izquierda.

Bibliografía de Antonio García Forte

Que no voten si es su voluntad. Pero que no se crean que solo ellos sostienen la tea de la verdad: el sionismo quiere expulsar a los palestinos porque según ellos, Dios les prometió aquel territorio, y así está escrito en las Santas Escrituras. Los trevijanistas no votan, porque en las santas escrituras de Antonio García Forte se encuentra la verdad revelada. Me decía un amigo anarquista, que "ni en la CNT dan tanto la turra con el voto".

La izquierda no es sitémica: la izquierda es la que ha logrado avances sociales, y mejoras laborales evidentes. Alguien que se ha convertido en un burgués con la vida totalmente resuelta no ve más allá de lo que le permite su posición económica. Un servidor es de izquierda porque es de los de abajo, y las políticas que preconizan conservadores y ahora la extrema derecha, son regresivas. Y que quieren que les diga, el sistema, en realidad se llama capitalismo neoliberal, y hoy por hoy ha ganado por goleada. Por todo esto, mi conciencia de clase y mi pertenencia al segmento social obrero, no me permite el lujo de quedarme en casa sin votar. Nací pobre y moriré pobre, pero con la cabeza muy alta.


jueves, 17 de julio de 2025

Franquismo y monarquía

En el ordenamiento jurídico español actual, no existen leyes del régimen franquista (1939-1975) que permanezcan en vigor en su forma original, ya que la promulgación de la Constitución de 1978 y la transición democrática derogaron explícita o implícitamente la normativa de la dictadura, que era incompatible con los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Sin embargo, hay algunos matices importantes que merece la pena destacar:
  1. Derogación de la normativa franquista: La Constitución de 1978, en su disposición derogatoria, establece que quedan derogadas todas las normas que se opongan a ella, lo que incluye la gran mayoría de las leyes del régimen franquista, como el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) o la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947). Estas leyes eran pilares del sistema político autoritario y fueron eliminadas al instaurarse la democracia.
  2. Continuidad de ciertas normas técnicas: Algunas leyes o disposiciones administrativas del franquismo, especialmente en materias técnicas o no ideológicas (como regulaciones de derecho civil, mercantil o administrativo), pudieron mantenerse transitoriamente durante los primeros años de la transición hasta que fueron reemplazadas o reformadas. Por ejemplo:
    • El Código Civil de 1889, que ya existía antes del franquismo, fue utilizado durante el régimen y continuó en vigor tras 1978, aunque con reformas significativas para adaptarlo al marco constitucional (por ejemplo, en temas de igualdad de género o derechos sucesorios).
    • Algunas normas de derecho laboral o de organización administrativa, como las relativas a la estructura de ministerios o procedimientos burocráticos, pudieron tener una continuidad temporal hasta su sustitución.
  3. Derecho foral y otras excepciones: En regiones con derechos forales (como Cataluña, Navarra o el País Vasco), ciertas normas preexistentes al franquismo que no fueron abolidas durante la dictadura continuaron aplicándose y, en algunos casos, fueron adaptadas en la democracia. Sin embargo, estas no son leyes "franquistas", sino normas previas que el régimen mantuvo.
  4. Leyes de represión y su derogación: Las leyes franquistas de carácter represivo, como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) o la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), fueron derogadas explícitamente durante la transición. Además, la Ley 52/2007, de Memoria Histórica (actualizada como Ley de Memoria Democrática, 20/2022), declara la ilegitimidad de las normas represivas del régimen y de las sentencias dictadas por tribunales franquistas, reforzando su inaplicabilidad.
  5. Resquicios legales y debates: Aunque no hay leyes franquistas vigentes, en algunos casos ha habido controversias sobre la pervivencia de ciertos efectos jurídicos residuales, como en temas de expropiaciones, confiscaciones o títulos nobiliarios otorgados durante el régimen. Estos casos son tratados individualmente por los tribunales y suelen resolverse conforme al derecho actual. Por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática ha impulsado la revisión de actos administrativos o jurídicos derivados del franquismo que aún pudieran tener efectos.
  6. Acceso a normativa histórica: Las leyes del franquismo pueden consultarse en archivos históricos, como el Boletín Oficial del Estado (disponible en formato digital para esa época) o en el Archivo Histórico Nacional, pero solo con fines históricos o académicos, ya que no tienen validez jurídica actual.
En conclusión, no hay leyes del franquismo vigentes en el ordenamiento jurídico español actual, ya que fueron derogadas o reemplazadas durante la transición democrática y por legislaciones posteriores, especialmente la Constitución de 1978 y la Ley de Memoria Democrática.