El estereotipo falso de los inmigrantes como potenciales delincuentes, alimentado por Vox y en el que el PP se ha empezado a acomodar, no se corresponde con los estudios de ciencias sociales. Sin embargo, cala y revive periódicamente pese a las argumentaciones. “La ciencia no casa con el populismo. No hay duda. No hay relación directa entre migración y delincuencia”, sostiene Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. “La percepción es tan fuerte, el estereotipo y el prejuicio es tan potente que es, como dice el sociólogo norteamericano Rubén G. Rumbaut, una idea zombi. Por mucho que la matas, que la contraargumentas y que demuestran que no es así, permanece viva”, añade.
El miedo a la inmigración ha vuelto a pasearse por la agenda política ―y las redes sociales― coincidiendo con las elecciones catalanas o frente a la crisis que sufre Canarias. Tanto ha pesado, que Vox llegó a romper los cinco gobiernos autonómicos que formó con el PP porque los populares accedieron al reparto de 400 menores migrantes en la Península. El PP ha comenzado a sumergirse en un marco argumental que hasta ahora copaba la extrema derecha, que habitualmente habla de “delitos importados”, en referencia a las violaciones grupales, o que defiende postulados manipulados como que “la inmigración ilegal por su propia denominación es delincuencia”, como manifestó el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, en abril de 2023.
En la campaña de las elecciones catalanas, a comienzos de mayo, Alberto Núñez Feijóo pidió el voto en Cataluña para que los inmigrantes “no ocupen nuestros domicilios”. “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”, añadió el líder del PP el 22 de julio ante los suyos, un día antes de votar en contra, junto a Junts y Vox, de la reforma de la ley de extranjería pactada con el Gobierno de Canarias (del que forman parte los populares) con el Ejecutivo central, para aliviar la situación límite en las islas por la llegada de menores migrantes no acompañados.
Frente a la actuación política, sucesos como el crimen de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) han sido agitados desde las redes sociales por ultras, como el eurodiputado Alvise Pérez, vinculando el homicidio del menor a personas migrantes. La Fiscalía llegó a anunciar que estudiaba la trascendencia jurídico penal de estos “mensajes falsos” por criminalizar “de forma generalizada” a personas extranjeras, tras lo que muchos de quienes los propagaron los borraron e, incluso, cerraron sus cuentas en redes.
Todo ello, en un país considerado seguro. La tasa de criminalidad española, 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen) en 2022, se mantiene baja frente a países del entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.
El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.
