EL PAÍS
Natalia Junquera
04 dic 2022 - 04:40 UTC
El equipo forense reclutado por el Gobierno retomará este lunes los trabajos para tratar de exhumar a 110 víctimas del Valle de Cuelgamuros, llamado de los Caídos hasta la reciente aprobación de la ley de memoria democrática. Llevan meses paralizados, primero, por grupos profranquistas que presentaron recursos en cascada ante los tribunales, y después, por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP) que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las familias de los represaliados el pasado julio y ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por el juzgado número 10 de Madrid, alegó que la sentencia no era firme y se negó a conceder la licencia de obra. Tras reiteradas solicitudes de Patrimonio Nacional al Consistorio, un acuerdo de su Junta de Gobierno Local ha considerado que el Ayuntamiento no tenía competencia para suspender la licencia y en consecuencia, para levantarla.
Los familiares, muchos de ellos ancianos, llevan años esperando poder recuperar los restos. Manuel Lapeña, hijo y sobrino de dos represaliados enterrados en las criptas del mausoleo de Franco, murió en 2021, a los 97 años, sin haber cumplido su deseo y pese a que desde 2016 disponía de una sentencia autorizando la exhumación de su padre y de su tío. Desesperados tras el nuevo revés del Ayutamiento de San Lorenzo de El Escorial, los familiares escribieron una carta a su alcaldesa, Carlota López Esteban, del PP, explicándole cómo habían llegado los restos de sus parientes al mausoleo -“tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver”- y por qué querían recuperarlos -para darles una sepultura digna-. El interior de las criptas del Valle de Cuelgamuros acoge los restos de al menos 33.833 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel. Franco no pensaba enterrar allí a víctimas del bando republicano, pero las obras se prolongaron más de lo esperado y, llegado el momento, muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los cadáveres de sus maridos. El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a los Ayuntamientos de toda España. Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí “fosas del ejército rojo”. Así fue cómo, sin que sus familias lo supieran, cientos de cadáveres de republicanos fueron trasladados al Valle de Cuelgamuros.
El interior de las criptas se ha deteriorado con los años y la humedad. El forense Francisco Etxeberria -que trabajó en Chile en el examen de los restos del cantautor Víctor Jara, del expresidente Salvador Allende y del poeta Pablo Neruda- diseñó hace meses la intervención y asegura que se trata de un “reto forense sin precedentes en el mundo”. No es seguro que todos puedan ser localizados e identificados, pero el equipo multidisciplinar diseñado para la tarea asegura que hará todo cuanto esté en su mano. Tras las primeras apreciaciones de carácter forense, se llevarán a cabo los análisis antropológicos, siempre dentro de la basílica, y de toma de muestras para los correspondientes análisis genéticos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid. Una vez identificados se elaborarán informes técnicos para las familias. Si no pudiera establecerse la identidad, los restos serían inhumados de nuevo en el mismo columbario. El plan del Gobierno contempla adecentar las criptas y el Consejo de Ministros aprobó una partida de 650.000 euros en marzo de 2021 para todo el proceso.
