La Comisión Europea ha avalado este lunes el protocolo del Gobierno español para luchar contra la desinformación, incluido en una orden ministerial publicada el pasado jueves. "El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”, ha indicado en Bruselas el portavoz de la comisión, Johannes Bahrke. El visto bueno europeo al sistema español para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación llega tras las quejas planteadas la semana pasada por el PP y Ciudadanos que acusaron al Gobierno de crear un “Ministerio de la Verdad” para decidir sobre los contenidos informativos y marcar la actuación de los medios de comunicación.
Bahrke ha recordado que la orden se limita a “actualizar el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y establece las estructuras de coordinación”. En su opinión, el protocolo español “provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción [de la UE] contra la Desinformación de 2018”.
El plan europeo estableció un Sistema de Alerta Rápida que dispara las alarmas en tiempo real cuando detecta campañas de desinformación que tengan como objetivo desestabilizar a la UE o a sus Estados miembros. Según el plan, cada país debe designar un punto de contacto, de acuerdo con su propia estructura institucional, para compartir las alertas con las autoridades nacionales de los otros socios europeos y garantizar la coordinación con la Comisión Europea y con el Servicio europeo de Acción Exterior. Bruselas considera que la nueva orden ministerial, que actualiza la aprobada en marzo de 2019 (de la que se informó a Bruselas, aunque no se publicó en España), “garantiza la participación de España en esos mecanismos de coordinación”.
El objetivo del mecanismo europeo es “facilitar que se compartan datos y valoraciones y coordinar la identificación del origen de las campañas de desinformación y la respuesta que se da”, señala una fuente comunitaria. La colaboración de todas las autoridades nacionales y de los organismos europeos permite, según esa misma fuente, “garantizar una mayor eficiencia de tiempo y de recursos en la respuesta”.
Desde 2014, la UE considera que las campañas de desinformación forman parte de la guerra híbrida que Rusia llevó a cabo en Ucrania, donde se combinó la agresión militar y la ocupación de una parte del territorio (Crimea) con un bombardeo de informaciones presuntamente falsas o manipuladas. Bruselas creó entonces una unidad (East Stratcom) destinada expresamente a rebatir las informaciones diseminadas por medios próximos al Kremlin.
Tras el conflicto ucraniano, la Comisión Europea redobló el contraataque para neutralizar la propagación de fake news durante las campaña de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019. Y desde el inicio de la pandemia, ha vuelto a intensificar las medidas contra la posible intoxicación informativa.
En 2018, la Comisión instó a todos los Estados miembros a establecer planes y estructuras nacionales para detectar y contrarrestar las campañas de desinformación. En respuesta esa petición, el gobierno de Mariano Rajoy adoptó en marzo de 2019 el procedimiento de actuación contra la desinformación, pero no hizo público su contenido. Ese documento, actualizado por el Gobierno actual, se publicó en el BOE la semana pasada, lo que desató una tormenta de acusaciones desde la oposición.
El líder del PP, Pablo Casado, aseguró que denunciaría el procedimiento en las instancias europeas, en una repetición de los movimientos iniciados contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En aquel caso, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa reaccionaron de inmediato y advirtieron al Gobierno de que el proyecto de reforma del CGPJ podía contravenir los estándares europeos.
El viernes pasado, la Comisión Europea indicó que analizaría el protocolo contra la desinformación en el marco de la revisión que lleva a cabo de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia. El organismo había interpretado que la orden se había aprobado ese contexto, error que de facto ha corregido este lunes al reconocer que el protocolo español respondía, precisamente, a la petición cursada por Bruselas en 2018.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes el plan del Ejecutivo contra las campañas de desinformación, alegando que no tiene “absolutamente nada que ver” con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de este país.
Tras una visita a la Fundación Pablo Iglesias, la ministra ha recalcado que el Gobierno “no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación” y ha reprochado “a la derecha” que “se ha puesto de moda que cualquier cosa que no entiende o que no acepta va a Europa”. En su opinión, es una actitud “bastante poco entendible”, y se trata de hacer lo mismo que ya se hace en el resto de Europa.
"Hemos visto a grandes cadenas de televisión retirar en directo una información que consideraban que no era real para su población [en referencia a la interrupción de la emisión de la rueda de prensa de Trump en la que acusaba de fraude electoral] Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional”, añadió Calvo.
La vicepresidenta ha explicado que el Congreso de los Diputados “lleva años" intentado llevar a cabo un plan con este fin y que se trata de combatir “mentiras que desinforman, confunden y pueden alterar el funcionamiento cotidiano de la libertad de opinión, de prensa, ideológica". Lo están haciendo otros países europeos tenemos nosotros que hacerlo, ha insistido Calvo antes de preguntarse: “¿Hay algún partido político que no quiere luchar contra las calumnias para que nuestra democracia sea útil y esté limpia? El Gobierno no tiene dudas”.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también se ha manifestado en una entrevista concedida al diario argentino Página 12 antes de su viaje a Bolivia. Iglesias ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación: “Tienen una línea editorial que está determinada por la estructura de propiedad que hay detrás, pero hasta hace un tiempo había una pretensión de verosimilitud, de cierta deontología; hoy en día, los poderes mediáticos que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir”. En su opinión, “la mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha golpista y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad”.
Por otra parte, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que “a ningún Gobierno, y mucho menos en democracia, le corresponde velar por lo que dicen los medios de comunicación". En declaraciones a Antena 3, la ministra ha reconocido que “quizá no se ha explicado bien” el protocolo contra la desinformación. Y ha subrayado que una cosa son las noticias falsas, que es responsabilidad de los medios de comunicación vigilar, y otra las campañas que “de manera organizada y maliciosa pretenden poner en cuestión instituciones democráticas”.
