SEVERIANO ROJO HERNÁNDEZ, Université de Provence Aix Marseille
En 1950, España vivía bajo el régimen del general Franco. Once años de dictadura parecían haber hundido al País en el silencio. Los comportamientos eran valorados a partir de una moral católica ultraconservadora. El nacionalcatolicismo era la referencia obligatoria en una sociedad invadida por el estraperlo y sometida al racionamiento. El Estado franquista seguía utilizando la represión para amordazar a la oposición. Sin embargo, esta política parecía haber alcanzado sus límites en algunas regiones. En el País Vasco, el final de los años cuarenta coincidió con el renacimiento de la conflictividad política. En 1947 los obreros de Bilbao estaban en huelga para denunciar las condiciones de vida y de trabajo. A pesar de los encarcelamientos, el paro fue general en la capital de Vizcaya [1]. Aunque las autoridades volvieron a controlar la situación, el restablecimiento de la paz social duró muy poco. En efecto, en 1950 el malestar obrero no había desaparecido mientras que los nacionalistas vascos y la izquierda mantenían sus actividades clandestinas.
A nivel religioso, la situación siguió un rumbo idéntico. A pesar del catolicismo ostentatorio del régimen y de las buenas relaciones entre Madrid y el Vaticano, parte del clero vasco rechazó el poder establecido. Algunos sacerdotes permanecieron fieles al nacionalismo vasco y no habían olvidado a los eclesiásticos ejecutados o encarcelados por los franquistas durante la guerra civil. En el transcurso de los años cuarenta organizaron acciones unitarias y clandestinas. En 1944, bajo el nombre de "clero vasco", mandaron un documento a Pío XII en el cual denunciaban la dictadura y la política empleada contra el pueblo y el clero vascos. Frente a esta situación, el régimen presionó a la Santa Sede y consiguió la desmembración de la diócesis de Vitoria para controlar a un clero considerado como el "virus" del separatismo vasco. En el mes de marzo de 1950, mientras nacían las diócesis de Bilbao y San Sebastián, una revista clandestina titulada Egiz (la verdad) apareció por las calles de las capitales vascas. Publicada por sacerdotes, criticaba al gobierno franquista y cuestionaba su política [2]. Pocos meses después (agosto), unos eclesiásticos de Guipúzcoa firmaron un documento que enviaron al obispo y en el cual denunciaban la represión y la evolución general de la sociedad vasca. En 1950, asistimos pues al renacer de la conflictividad clerical en el País Vasco. El fenómeno afecta tanto al clero secular como al clero regular. Efectivamente, ese año se produjo el caso del convento de los Capuchinos de Bilbao. Durante más de un año, los dignatarios de la Orden en Roma y el gobierno de Madrid se enfrentaron acerca de la asignación de este convento a la Provincia capuchina de Navarra. La polémica alcanzará tales dimensiones que el Papa intervendrá directamente. En este estudio se analiza esta parte de la historia que el poder de la época ocultó en los archivos durante muchos años y que permite darse cuenta hasta que punto el problema vasco, y España, dividía al Vaticano y en que medida el control de la geografía eclesiástica era un elemento clave de la política franquista en el País Vasco en 1950.
Un caso heredado de los años veinte
La polémica que estalló en 1950 no era reciente pues el caso se remontaba a principios de siglo. En 1907, Roma modificó la organización territorial de los Capuchinos en España. El País Vasco en aquella época pertenecía a la provincia de Castilla y a partir de ese año, la región fue, con excepción de Bilbao, incorporada a la de Navarra.
Esta reforma provocó reacciones inmediatas. Los Capuchinos de Navarra solicitaron la incorporación de Bilbao. Para ellos, era indispensable por varias razones:
"1) RAZONES ETNICAS (...) Las cuatro provincias, Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya son de la misma raza.
2) RAZONES POLITICAS (...) Las cuatro provincias tienen una misma lengua y régimen foral"[3].
Más allá de los tradicionales criterios religiosos, se consideraba pues que era necesario adaptar la geografía religiosa de la Orden a las realidades sociopolíticas y culturales del País Vasco. Sin embargo, las consecuencias de la incorporación eran importantes. En un contexto de consolidación del nacionalismo vasco, esta medida permitiría unificar al País Vasco y a Navarra en una sola y única estructura. Además, supondría el reemplazo de un personal de origen castellano por otro de origen vasco y navarro. De esta manera, el convento de Bilbao considerado como una plaza fuerte del nacionalismo español podría ser anexionado por una provincia en la cual algunos religiosos eran acusados de favorecer la expansión del nacionalismo vasco[4].
A pesar de eso, el Definitorio General de los Capuchinos decidió en 1916 modificar los límites geográficos de las provincias de Castilla y Navarra y ordenó la anexión del convento. La extensión del territorio y la escasez de religiosos en Castilla fueron las razones oficiales[5]. Al considerarse perjudicados por esta decisión, los Capuchinos castellanos recurrieron al poder civil en 1921. El gobierno, preocupado por la progresión del nacionalismo vasco, consideraba que la anexión consolidaba la unidad del País Vasco y debilitaba la de España. Para Madrid, no cabe duda de que se trataba de un proyecto separatista. Exigió, entonces, la anulación del decreto[6]. Bajo la dictadura de Primo de Rivera, las presiones gubernamentales se acrecentaron. Frente a la reacción de Madrid, el General de los Capuchino aplazó la ejecución del decreto[7]. Con la caída de la dictadura, los partidarios de la anexión creyeron que había llegado la hora de reformar la organización territorial de los capuchinos en esta parte de España. Sin embargo, los dignatarios de la Orden rehusaron para no provocar polémicas entre los católicos. En efecto, esta medida podía aumentar las divisiones e impedir una unión indispensable en la lucha contra la política de los diferentes gobiernos republicanos[8]. En 1936, se produjo un nuevo impedimento. En el País Vasco, la guerra civil provocó una ruptura entre los católicos. Aunque en el resto de España la mayor parte de ellos se unió a los militares, en esta región los nacionalistas vascos permanecieron fieles a la República para obtener la autonomía política. Sin embargo, el P.N.V. creyó poder modificar la situación a pesar del conflicto. Según los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio Aguirre, Jefe del gobierno vasco, organizó en 1936 una reunión en la cual participaron los superiores de los conventos capuchinos de Gijón, Montehano y Bilbao. Éstos pertenecían a la provincia de Castilla y estaban en la zona controlada por la República. Durante la reunión, se les propuso:
"el Gobierno de Euzkadi evacuaría a Francia a todos los religiosos capuchinos de Castilla que se habían refugiado en el País Vasco (...) si firmaban una escritura pública en la que (...) se comprometiesen a entregar a los capuchinos de Vasconia-Navarra el convento de Bilbao"[9].
Los superiores se negaron a firmar el documento y el gobierno vasco no consiguió llevar a cabo su proyecto. La caída del País Vasco en 1937 pareció acabar con las esperanzas de los nacionalistas vascos en la medida en que la anexión era, para los militares, de carácter separatista. Además, la victoria franquista había provocado el exilio de numerosos eclesiásticos cercanos al P.N.V., entre ellos los Capuchinos. En el País Vasco, sólo quedan, oficialmente, sacerdotes seculares o regulares fieles al régimen y opuestos al proyecto. Sin embargo, los Capuchinos exiliados no habían renunciado a la anexión. Instalados la mayor parte de ellos en Argentina o en Chile, territorios que estaban bajo la jurisdicción de la provincia de Navarra, denunciaron a menudo el gobierno franquista. En 1944, la situación alcanzó tales dimensiones que el embajador de España en Buenos Aires mandó el informe siguiente:
"Me preocupa mucho la actuación de los vascos en la Argentina (...) los más exaltados son religiosos, especialmente capuchinos, residentes, una buena parte de ellos, en Euskalechea. Estos religiosos, que no ocultan sus sentimientos antiespañoles, hacen un gravísimo daño"[10].
A pesar de las denuncias presentadas por el gobierno español, los religiosos no cambiaron de actitud. Progresivamente, algunos Capuchinos lograron escalar puestos de mando en la curia general de la Orden. A finales de los años cuarenta, el P. Pascual Pamplona fue nombrado consejero general para los países de habla española. Este puesto y la amistad que le unía al General de la Orden van a ser elementos fundamentales para intentar obtener la anexión de un convento cuyo personal era en parte favorable al franquismo.
"La actuación de los capuchinos castellanos en Vizcaya ha merecido unánimes elogios (...) y, es bien notorio a todos, que se ha venido desarrollando, y aún hoy se ejerce, con gran y sentido amor a España, en oposición y divergencia del proceder de la casi totalidad de las instituciones religiosas establecidas en la mencionada ciudad (...) el Convento de los Capuchinos castellanos jamás se ha prestado a ninguna maniobra ni acto de signo disgregador y separatista"[11].
Así pues, para Madrid el asunto no va a ser únicamente el resultado de un conflicto entre dos nacionalismos antagónicos sino también una maniobra cuyos objetivos es la desaparición de uno de los símbolos del nacionalcatolicismo en el País Vasco: un intento de destabilización del régimen.
1950: una anexión peligrosa para los intereses franquistas. El 7 de octubre de 1950, tras las actos organizados para celebrar el nacimiento de la diócesis de Bilbao, el Ministerio de la Gobernación mandó un informe a Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, en el cual se le avisaba de la existencia de:
"un plan en desarrollo de inspiración nacionalista, al parecer (...) dirigido a segregar el Convento de los Capuchinos de Bilbao de la provincia de Castilla y agregarlo a la de Navarra dando así satisfacción a un antiguo anhelo separatista contra el sentir (...) de los capuchinos castellanos"[12].
Si oficialmente las autoridades de la Orden presentaban la anexión como un asunto interno, un problema geográfico y demográfico entre la provincia capuchina de Navarra y la de Castilla[13], el gobierno español la consideraba sin embargo como una maniobra relacionada con la desmembración de la diócesis de Vitoria e ideada para cuestionar su política en el País Vasco[14]. El gobierno, sabía perfectamente que a pesar del apoyo recibido por parte de Pío XII su política provocaba polémicas en la Santa Sede donde los nacionalistas vascos gozaban de numerosas amistades. El Vaticano se había convertido de esta manera en el lugar donde proseguía el enfrentamiento de 1936; un elemento clave para la supervivencia del régimen. En estas condiciones, la ejecución del decreto de 1916, más allá de su aspecto intolerable para un poder edificado sobre la unidad de España, era un asunto particularmente delicado en la medida en que podía provocar un incidente diplomático con uno de los principales aliados del régimen en la escena internacional. Madrid decidió entonces no divulgar el asunto y hacer intervenir discretamente a su embajador en el Vaticano, Joaquín Ruiz Giménez. Éste entró en contacto con a las autoridades eclesiásticas e informó de la oposición del gobierno a cualquier modificación de la geografía de la orden capuchina en el País Vasco. Por otro lado, los capuchinos castellanos presentaron un recurso ante la Santa Sede. Sin embargo, el Definitorio General de la Orden ya había tomado la decisión y ordenado la asignación del convento a la provincia de Navarra que debía efectuarse antes del 31 de diciembre de 1950.
En el mes de noviembre, el P. Pascual Pamplona se entrevistó con el embajador y le remitió una carta del General de los Capuchinos en la cual subrayaba su asombro ante la reacción y las acusaciones de Madrid. Además, criticaba a los capuchinos castellanos que al "lograr la intervención en el asunto del poder civil, incurren en una actitud de rebeldía"[15] e indicaba que la anexión era lógica en la medida en que Bilbao era una parte del País Vasco. El P. Pascual Pamplona señalaba finalmente que se trataba de un asunto en el cual el gobierno no debía intervenir. El Embajador volvió a pedir un plazo para la ejecución del decreto pero el religioso se opuso rotundamente[16]. Las conversaciones estaban en un punto muerto y el gobierno tenía pocas alternativas. Se descartó momentáneamente cualquier reclamación oficial pues podría dificultar las negociaciones para el establecimiento del concordato entre España y la Santa Sede. Sin embargo, para Madrid era imposible aceptar una anexión que pudiera consolidar la lucha de los nacionalistas vascos y ser interpretada como una derrota del gobierno. Martín Artajo acudió entonces a los obispos de Bilbao y Pamplona. En el mes de diciembre, les escribió una carta en la cual les pidió su opinión sobre el asunto. Monseñor Morcillo, obispo de Bilbao, estaba totalmente de acuerdo con el gobierno y añadió:
"Se teme que, si el traspaso se hace, vengan a la casa de Bilbao algunos religiosos nacionalistas que, con su actitud y conducta, agraven la situación político religiosa de Vizcaya"[17].
El 13 de diciembre, Monseñor Morcillo se entrevistó con los superiores de la provincia de Castilla y les ofreció un apoyo incondicional[18]. Unos días más tarde, la alta burguesía de Bilbao se movilizó y apoyó abiertamente al gobierno. Los resultados fueron inmediatos. A finales de diciembre, la embajada de España anunció que la anexión había sido aplazada, pues una comisión debía examinar el recurso presentado por los Capuchinos castellanos y tomar una decisión en el mes de junio. A partir de ese momento, cada grupo acudió a los dignatarios eclesiásticos cuya influencia en la resolución final podría ser determinante. Partidarios y adversarios se enfrentaron en la Santa Sede lo que pone de relieve las divisiones que provocaba el asunto y, más aun, el régimen franquista. Dos años antes de la firma del concordato, esta polémica demuestra, pues, que la política de la Iglesia con respeto a Franco no era aprobada por unanimidad y que era impuesta sin duda alguna por el sector más conservador del Vaticano.
El 20 de junio de 1951, la Congregación de los Religiosos decidió que la anexión había de realizarse antes del 31 de julio de 1951[19]. El gobierno entró en contacto con la Secretaría de Estado del Vaticano y volvió a insistir sobre su oposición a un proyecto que consideraba separatista[20]. Unos días después, el alcalde de Bilbao se entrevistó con el nuncio en San Sebastián y pidió la suspensión del decreto. El 30 de julio, el Ministro de Asuntos Exteriores recibió un telegrama de su embajador en Roma en el que le comunicaba que el eclesiástico encargado de aplicar el decreto iba a procurar alargar los trámites administrativos.
A la vez, los partidarios de la anexión seguían presionando. En el mes de agosto, el P. Pascual Pamplona se entrevistó con el embajador español exponiéndole que el gobierno español nada tenía que temer del proyecto. Además, la Orden encargaría el convento a un fraile favorable al régimen y pariente de la familia Urquijo (Ildefonso Bilbao). El personal sería también elegido en función de sus opiniones políticas para evitar que capuchinos nacionalistas vascos llegasen a Bilbao. Sin embargo, el embajador consideró insuficientes las garantías e insistió sobre el hecho de que la situación actual era la única manera para evitar conflictos.
"lo que hasta ahora ha sido "tierra de España en Vizcaya" por estar allí los "leales castellanos" (...) se transformaría en "territorio de Euzkadi" foco de disensiones y disturbios para la Iglesia y (...) la Patria"[21].
Entretanto, el padre definidor general de la Orden de los Capuchinos y el Provincial de Navarra fueron a Madrid para entrevistarse con el Ministro de Asuntos Exteriores. La reunión resultó un fracaso y no se consiguió ningún acuerdo[22]. En Bilbao, algunos frailes distribuyeron el decreto. El P. Ildefonso Bilbao llegó a la capital donde se reunió con varios representantes de la alta burguesía para obtener su apoyo. Dio a entender que la ejecución del decreto era inminente mientras que en Roma, el P. Pascual Pamplona pedía a las autoridades religiosas que ordenasen la salida de los castellanos[23]. Frente a esta situación, el gobierno decidió presentar una reclamación oficial a la Santa Sede que por otra parte elaboraba varios proyectos para acabar definitivamente con el asunto.
"la solución mejor para España y más perjudicial para el separatismo vasco sería obtener que la ciudad de Bilbao con todos sus arciprestazgos, o mejor aún, toda Vizcaya quedase definitivamente anexionada a la Provincia Religiosa de Castilla[24].
Como podemos observar, el gobierno creía que la solución residía en una acentuación de la división del País Vasco. Esta visión era conforme con las medidas adoptadas en el caso de Vitoria y se trataba de esta manera de fortalecer los lazos que existían entre España y esta región haciendo imposible la consecución del ideal de Sabino Arana: la unidad del País Vasco.
En el mes de octubre de 1951, la polémica alcanzó su climax. El P. Ildefonso Bilbao se entrevistó con Monseñor Morcillo y le anunció que el Ministro de Asuntos Exteriores había dado su acuerdo y que el nuncio apoyaba a los navarros. Según él, los dignatarios iban a entrevistarse con Franco para acabar con el asunto. Por otra parte, pedía al obispo que cambiase de actitud y no se opusiese a lo ordenado por Roma[25]. La reacción de Madrid fue inmediata. El embajador español habló con el Secretario de Estado de la Santa Sede quien le prometió suspender el decreto. El 10 de diciembre de 1951, el nuncio, Monseñor Cicognani, remitía la carta siguiente a Martín Artajo:
"Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Soberano Pontífice se ha dignado disponer que, por ahora, en nada se altere el "statu quo" del convento de P.P. Capuchinos de Bilbao"[26].
Así pues, al cabo de un año los franquistas triunfaron. Sin duda alguna, el futuro concordato (1953) y la división de Vitoria habían sido las principales razones. Si el Papa hubiera ordenado la anexión del convento, habría estado en total contradicción con la política que practicaba en relación con el franquismo. No podía a la vez provocar un incidente diplomático y consolidar el régimen. Por otra parte, está claro que el problema vasco, en comparación con los intereses en juego dentro de las relaciones con España, era secundario para el Vaticano aunque eso conllevase a veces una ingerencia del poder temporal en los asuntos de la Iglesia. Sin embargo, la polémica permite poner en evidencia las divergencias que provocaba en Roma la dictadura y la oposición, cada vez mayor, entre un sector conservador favorable a un entendimiento con Franco y un sector progresista opuesto a esa política. La decisión final fue también un fracaso para los nacionalistas vascos que querían, a través de la Santa Sede, obstaculizar unas prácticas en las cuales el control de los hombres iba unido a un fraccionamiento del espacio. Este último punto, como se ha podido ver, era uno de los fundamentos de la estrategia franquista en el País Vasco; estrategia que no fue instaurada por los que triunfaron en 1939, simplemente era la prolongación de una política aplicada desde principios del siglo. Los objetivos en ambas épocas eran los mismos : impedir el desarrollo del nacionalismo vasco controlando, entre otras cosas, un clero y unas estructuras que pudiesen favorecer su expansión.
Finalmente, este caso pone de relieve las dificultades que engendrará la Iglesia a partir de los años sesenta en el País Vasco y concretamente en Bilbao. En efecto, a semejanza de la publicación de la revista clandestina Egiz, era la señal de la amplificación de una conflictividad clerical basada en el rechazo de una sociedad en la cual la Iglesia es un instrumento al servicio del franquismo.
NOTAS
[1] ESPINOSA (Lorenzo J.M), Rebelión en la ría, Deusto, ed. Universidad de Deusto, 1980, p. 24.
[2] Vid: ROJO HERNANDEZ (Severiano), Le clergé de Bilbao de 1931 aux années cinquante, Thèse de doctorat de langues romanes, Université de Provence Aix Marseille I, 1997, 511 p.
[3] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3480, Exp. 3.
[4] MOLINER PRADA (Antonio), La campaña de 1921 contra los capuchinos de Navarra acusados de separatismo, Barcelona, ed. Hispania Sacra, n°89, 1992, p. 210.
[5] Ibid. p. 210.
[6] MOLINER PRADA (Antonio), op. cit., p. 209.
[7] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3480, Exp. 3.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3459, Exp. 28.
[11] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3480, Exp. 3.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 2996, Exp. 14.
[21] ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3480, Exp. 3.
[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
