Femen contra el fascismo

 

La Policía Nacional ha impedido que las activistas de Femen jodan un acto fascista organizado por el Movimiento Católico Nacional en Madrid

Los 700 muertos olvidados de Montcada i Reixac

 

El cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona) tiene un pequeño parterre de césped donde crecen una palmera y tres arbustos ornamentales. El parterre está empotrado entre paredes de nichos y sirve para aparcar las herramientas del encargado del cementerio. Este rincón ajardinado pasa desapercibido, sin ninguna señal que indique que bajo tierra hay unos 700 cadáveres no identificados, personas ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937.

En el cementerio de Montcada fueron asesinadas cerca de 1.300 personas por ser consideradas afines al alzamiento militar contra la República, muertas en su gran mayoría por patrullas de la CNT-FAI. Es la fosa más grande de la violencia en la retaguardia republicana en Cataluña. Las autoridades franquistas exhumaron unos 1.200 cadáveres en Montcada; de estos, aproximadamente 700 no fueron identificados. El número de víctimas sería más elevado porque parte de los ejecutados eran posteriormente incinerados en los hornos de la vecina cementera Asland, explican los investigadores locales Ricard Ramos y Josep Bacardit en el libro 940 días. La guerra civil en Montcada i Reixac.

Los asesinatos durante la Guerra Civil en la Cataluña republicana ascendieron a 8.352, según los datos del Memorial Democrático de la Generalitat. A partir de 1939, los tribunales militares franquistas sentenciaron a muerte en Cataluña 3.358 personas –cifra contabilizada por el Archivo Nacional de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona instaló este año en el Fòrum un mural en recuerdo de las 1.686 personas fusiladas por el franquismo en este punto del litoral compartido con Sant Adrià de Besòs. Estas víctimas están enterradas en la fosa de Montjuïc.

En el cementerio de Montcada no hay ningún elemento informativo ni señalización que indique que hay una fosa de la Guerra Civil. En un muro hay una placa de piedra en un pésimo estado, de 1943, en la que a duras penas puede leerse un tributo a 23 vecinos de Batea (Tarragona) “transportados y vilmente asesinados el 27 de octubre de 1936 en este cementerio”. El cementerio tiene un monumento perfectamente conservado dedicado a cinco militares sublevados y fusilados en la zona, una línea de lápidas de 21 vecinos de Montcada que fueron ejecutados en otras comarcas, y también una columna dedicada a 20 partidarios carlistas del golpe de Estado.

La ley catalana de 2009 de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura obliga a preservar la memoria de las víctimas de los dos bandos: “El Gobierno de la Generalitat ha de impulsar un protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes en los cementerios municipales y destinar los recursos necesarios para llevar a cabo este protocolo, si es necesario, con la colaboración de los ayuntamientos respectivos”. El Ayuntamiento de Montcada confirma que no ha habido nunca ningún plan para instalar placa informativa o conmemorativa alguna. Ramos explica que el único intento de establecer un monumento fue por parte de Falange, en los inicios de la posguerra, aunque no se llegó a materializar. Ramos estima que los actos propagandísticos del franquismo en el cementerio de Montcada dejaron de celebrarse unos diez años después del conflicto militar.

La Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat informa que en 2019 no está prevista ninguna intervención en la fosa del cementerio de Montcada. Por lo que respecta a la posibilidad de exhumar los cadáveres sin identificar en Montcada, el Departamento de Justicia del gobierno catalán recuerda que “se establece la apertura de nuevas fosas a partir de criterios técnicos, como las peticiones de familiares, los hallazgos de restos en superficie o el grado de documentación de la existencia de una fosa”. En Cataluña, según la Generalitat, hay más de 500 fosas con cerca de 20.000 personas enterradas, la gran mayoría combatientes del ejército republicano. El Departamento de Justicia destaca que en 2017 se inauguró en el Parque de Collserola (Barcelona) un homenaje al periodista Josep Maria Planas, muerto en 1936 por un pelotón de la FAI. En la Fatarella (Tarragona) se descubrió en 2017 una placa dedicada a 34 campesinos también asesinados por la FAI. En el cementerio de Lleida se inauguró en 2010 un monumento a las personas asesinadas por el franquismo pero también en el bando republicano.

Los catedráticos de Historia Contemporánea Joan Villarroya y Josep Maria Solé i Sabaté, en el libro Violència i repressió a la rereguarda catalana (1936-1939), argumentan las razones de la especial violencia de la CNT-FAI en Montcada: “Los pelotones de los comités de Montcada, Cerdanyola y Ripollet, formados al abrigo de las fábricas de Asland en Montcada y la Uralita de Cerdanyola”, fueron represaliados tras el alzamiento anarquista de 1933 en Ripollet, un hecho que “profundizó todavía más las diferencias políticas”. Una veintena de los ejecutados en el cementerio eran vecinos de Montcada, dice Ramos, mientras que el resto procedía de toda Cataluña. Ramos subraya que aquellos hechos supusieron un trauma en Montcada, por la participación de gente del pueblo, por “la complicidad de la mayoría de obreros anarquistas de la Asland” y porque los más viejos recuerdan “cómo contaban los muertos por los tiros de gracia de madrugada”.

Los ejecutados en Montcada eran principalmente religiosos y hombres de la Lliga, el partido del catalanismo moderado de Francesc Cambó, pero también empresarios, propietarios agrícolas, abogados, farmacéuticos o comerciantes. La Generalitat promovió en abril de 10937 un tribunal especial para esclarecer los hechos y perseguir a los autores de aquella violencia. Bajo el liderazgo del juez Josep Maria Bertran de Quintana se abrieron 17 fosas y se localizaron 2.073 cadáveres, “unos 1.600” en Montcada, apuntaba un informe de Bertran de noviembre de 1937. Bertran solo exhumó 450 cadáveres en Montcada y las autoridades franquistas continuaron con el trabajo a partir de 1940.

Fusilados no identificados

Vilarroya y Solé i Sabaté recogieron algunas de las descripciones judiciales que se realizaron de los cadáveres exhumados para poder identificarlos a partir de los datos que enviaban familiares, como es el caso de Josep Bardella Paul, oriundo de Sant Sadurní d'Anoia: “Un pañuelo con las iniciales A. B. Otro pañuelo con las mismas iniciales; un lápiz de madera con las letras 'Empre buenas cosechas'; una caja de cerillas de cinco céntimos; una peseta de plata; tres caliqueños y medio”. Las iniciales A. B. podrían responder a las de su hermano Antoni Bardella, exconcejal de la Lliga y comerciante que fue ejecutado en julio de 1936 en Vallirana.

La mayoría de fusilados en Montcada no fueron identificados y volvieron a ser inhumados. Es el caso de los despojos de una mujer, la descripción de la cual aparece transcrita en la obra de Villarroya y Solé i Sabaté: “Estuche de cuero marrón nuevo y sin lentes; dos pañuelos blancos muy usados sin iniciales; una goma de borrar lápiz; un estuche para guardar agujas de coser de pasta amarilla y morada; un lápiz de madera; todo esto mencionado se encontraba en el cadáver de una mujer de unos 35 a 40 años que llevaba un vestido oscuro estampado”.

Los 6.402 asesinatos amparados por una política perversa en Colombia

Los llamados ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales que reflejan la degradación del Estado y las fuerzas de seguridad durante el mandato de Álvaro Uribe

Luz María Bernal muestra una foto de su hijo, Fair Leonardo Porras, en Soacha, Colombia.PABLO TOSCO / OXFAM INTERMÓN

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MARÍA JIMENA DUZÁN

02 MAR 2021 - 00:30 CET

“Es mi hijo, Fair Leonardo”, le contestó Luz Marina Bernal a la doctora de Medicina Legal, el organismo forense de Colombia que se encarga de establecer la causa de muertes violentas, cuando la doctora le preguntó si lo reconocía. Fue un sí corto, fulminante, dicho casi que con el último aliento que le quedó luego de estrellarse con la foto del cadáver, o de lo que quedaba de él.

Según el informe, Fair Leonardo recibió trece impactos de bala: uno le desbarató la mandíbula y otro el rostro. Desapareció ocho meses antes sin dejar rastro. Luz Marina lo buscó hasta el desfallecimiento, sabía que él no podía sobrevivir por sí solo. A pesar de que él tenía 27 años y de que era alto y fornido, su cerebro era el de un niño de 10. Padecía de una discapacidad severa derivada de una meningitis cerebral que contrajo de pequeño y que le impedía leer y escribir. Se ganaba la vida haciéndole mandados a los vecinos de cuando en vez, siempre que no fuera muy lejos porque podía sufrir una convulsión y perderse. Por eso, siempre llevaba un cartón con su nombre, dirección y teléfono.

A Luz Marina nada le encajaba. Encontraron su cuerpo en Ocaña, un pueblo a 700 kilómetros de Bogotá. Era imposible que Fair Leonardo hubiera llegado hasta allá solo. Supo que había sido enterrado en una fosa común y que había muerto dos días después de haber desaparecido. Es decir, llevaba varios meses muerto. Encontrarlo fue prácticamente un milagro. Un pedazo de ella quedó inerte cuando descubrió que su hijo discapacitado, que nunca había empuñado un arma porque su incapacidad se lo impedía, aparecía reseñado en la Brigada XV de Ocaña como el jefe de una organización narcoparamilitar y que había sido dado de baja por haber atacado a una unidad militar.

Fair Leonardo es uno de los 6.402 casos de falsos positivos que, según el nuevo Tribunal de Paz, se produjeron en Colombia entre los años 2002 y 2008, periodo en que gobernó el presidente Álvaro Uribe. Esta cifra es tres veces más alta que la que había recabado la Fiscalía hace un tiempo, cuando habló de 2.240 casos.

Si fueron 2.000, 6.000, o 10.000 como aseguran algunas ONG, poco importa. Cualquier cifra es irrelevante ante la magnitud del horror que supuso esta práctica macabra que se llevó a cabo en 27 de los 32 departamentos de Colombia y en más de 180 unidades tácticas adscritas a casi la totalidad de las Brigadas.

El Gobierno de Uribe creó un sistema de premios y beneficios que medía el éxito de la guerra contra las FARC por el número de bajas. Para acceder a esos beneficios, muchas unidades militares diseñaron un esquema de corrupción en el que reclutaban a jóvenes, en su mayoría de barrios populares, los trasladaban a lugares remotos con promesas falsas de trabajo, les quitaban sus documentos y los asesinaban para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja (muertos) en combate.

La impunidad la tenían garantizada. Las víctimas que reclutaban eran consideradas desechables, los asesinatos eran rápidamente legalizados como bajas en combate y los cuerpos terminaban enterrados en fosas comunes para que no pudieran ser identificados. Solo tuvieron un error de cálculo: subestimaron la tenacidad de Luz Marina Bernal por encontrar a su hijo desaparecido. A Fair Leonardo lo mataron cumpliendo el mismo protocolo, el mismo código de silencio con el que se llevaron a tantos jóvenes de familias humildes. Así se desveló el modus operandi que estaba oculto.

Los falsos positivos son el monstruo de Frankenstein que engendró la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, concebida para ganar la guerra contra las FARC.

En el papel, que todo lo resiste, se decía que el objetivo de esa política era asegurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional, proteger a los ciudadanos, estimular el pluralismo y fortalecer el Estado de derecho. En la práctica, se convirtió en una patente de corso para darle incentivos perversos a la tropa, y para que los generales cercanos a Uribe se volvieran los principales promotores de la política del body counting. Todavía retumban las arengas matutinas que hacía por la radio el general Mario Montoya, comandante del Ejército, en las que exultaba a sus tropas a que le entregaran bajas. El coronel González del Río, uno de los pocos oficiales condenados por falsos positivos, aseguró en testimonios ante la justicia que escuchó al general Montoya pronunciar: no quiero regueros de sangre, ¡quiero ríos de sangre! Otro general les dijo a sus hombres que quería ver el estadio de fútbol de Medellín lleno a reventar de bajas.

Cuando falla el procedimiento en una prueba de sangre, a eso se le llama falso positivo. Las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en Colombia no pueden considerarse un falso positivo: no fueron un error técnico en un laboratorio, fueron asesinatos de civiles amparados por una política de gobierno perversa.

Yo reconozco que las FARC son responsables de mucho del dolor que se siente en Colombia. Pero el conflicto también degradó al Estado y a las fuerzas del orden. Los falsos positivos reflejan esa descomposición. Y son, en realidad, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra.

Luz Marina tiene unos ojos verdes luminosos que intimidan porque lo han visto todo. Ya no le teme a nada. Aspira a una sola cosa: a que algún día Uribe tenga empatía con su dolor y acepte que sus decisiones desencadenaron un horror inenarrable.

María Jimena Duzán es periodista y autora de Santos. Paradojas de la paz y del poder (Debate).